Poliparacos, por Teodoro Petkoff
El martes pasado, durante una protesta estudiantil en San Cristóbal, fue asesinado un estudiante universitario de un tiro en la cabeza. Aunque la muerte parece haberse enseñoreado de nuestras calles y, de tanto repetirse los homicidios, la noticia de ellos, para los no directamente involucrados, es casi banal, siempre produce una difusa sensación de desasosiego y de compasión el enterarse de los distintos casos de muertes absurdas que agobian hoy a toda la sociedad, pero en particular a sus sectores más humildes y desprotegidos. Sensación que se agudiza cuando la víctima es una vida joven, tronchada justo frente a los caminos que el futuro le abría, como, por ejemplo, en este caso del Táchira.
Respetando y compartiendo el dolor de su familia, de sus amigos y de sus compañeros de estudios, es imposible, sin embargo, no referirse al suceso, encuadrándolo dentro del marco político en que se desenvolvieron las circunstancias que produjeron el deceso del infortunado estudiante. Este participaba, con el derecho que le dan la Constitución y las leyes venezolanas así como su misma edad, de una típica protesta estudiantil en las calles de San Cristóbal, de esas que durante años y años han venido teniendo lugar, cualquiera sea el gobierno. Protesta movida por los reclamos que hoy no pueden dejar indiferente a nadie que tenga sangre en las venas, muy en particular en un estado como el Táchira, donde parecieran haberse juntado todas las plagas que mortifican al país, y que, una vez más, como en todo el país y como siempre, lanzó a las calles a los muchachos y muchachas de la UNET. Una vez más y como siempre la respuesta fue la represión.
Pero esta vez hay que señalar una particularidad. Al lado de la Guardia Nacional se movilizaba un grupo de personas salido de la sede de la Universidad Bolivariana, no habiéndose podido precisar si era de estudiantes o era ajeno a esa universidad, y del cual se denuncia que partió el disparó que mató al estudiante de la UNET.
El gobierno está obligado a explicar cómo es posible que al lado de la Guardia Nacional hubiera podido operar un grupo político civil, algunos de cuyos integrantes estaban armados.
Tan armados, que mataron a un joven del grupo al cual atacaron. Está obligado a explicar por qué la Guardia Nacional no hizo nada para impedir la acción de ese grupo, incluso sin hacer dejación de su responsabilidad en materia de orden público, si es que hubiere habido alteración de éste por la manifestación estudiantil. Un grupo civil armado, actuando paralelamente a un cuerpo militar, es exactamente un grupo paramilitar. ¿Estamos ante una nueva modalidad de la represión o se trata de un hecho aislado, no extrapolable? Para colmo, el ministro del Interior tuvo la ocurrencia de acusar a la policía regional de no haber hecho nada. Una policía a la cual el gobierno nacional ha desarmado y cuya intervención había ordenado el Presidente el día anterior a los sucesos, ahora es acusada de inacción. Le quitan la capacidad de acción y después le reclaman que no actuó. Bueno es cinismo, pero no tanto.
Tal pareciera que El Aissami ha encontrado el pretexto perfecto para cumplir la orden y dar un paso más en el plan de acoso contra el gobernador Pérez Vivas.
