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El drama humano en la Unidad de Diálisis de San Cristóbal



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pacientes renales unidades de diálisis
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Regiones TalCual | mayo 18, 2026

Familiares de pacientes renales denuncian un colapso estructural que suma 15 años de negligencia. Sin planta eléctrica, con déficit de especialistas y mobiliario con dos décadas de antigüedad, la vida de 54 ciudadanos pende de la voluntad de un personal que no percibe salarios dignos

Daniel Bueno | La Nación


En la parte trasera del Parque Maltín Polar de la ciudad San Cristóbal, el tiempo parece haberse detenido, pero sólo para el mantenimiento de la infraestructura. Para los pacientes que asisten a la Unidad de Diálisis de San Cristóbal, Diasanca, cada minuto cuenta.

Lo que debería ser un santuario de salud, es hoy un monumento a la precariedad, donde la falta de insumos, el deterioro de los equipos y el riesgo de abandono por parte del personal de salud han creado una tormenta perfecta que amenaza la supervivencia de quienes dependen de una máquina para vivir.

La columna vertebral de cualquier centro de nefrología es su recurso humano. Sin embargo, en Diasanca, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha dejado de cumplir con sus obligaciones patronales, empujando al personal de la salud al borde de la deserción.

La ausencia de un segundo nefrólogo y la falta de personal de mantenimiento y enfermería no son solo estadísticas, sino un riesgo de muerte inminente.

En este sentido, Edgar Dávila, vocero y familiar de uno de los afectados, relata con preocupación la advertencia recibida recientemente por parte del personal sanitario.

“El día lunes, el personal de enfermería nos alertó que están a punto de renunciar en pleno porque el Seguro Social no les ha cancelado y no tienen sueldos dignos. Esto nos mantiene preocupados porque los pacientes no pueden quedarse sin su diálisis, quitarles eso sería peligroso”, advierte, enfatizando que el personal actual es de excelente calidad, pero no puede trabajar por vocación sin sustento.

A este panorama se suma la situación de riesgo de la doctora actual, cuyo estado de salud le impide asistir diariamente, dejando un vacío administrativo y clínico que nadie ha podido ocupar por los bajos sueldos.

*Lea también: «Envidio a jóvenes que van a estudiar»: pobreza expulsa a niños y niñas de las aulas

La “maratón” de la diálisis

El proceso de hemodiálisis es, por definición, extenuante. Un galeno comparó cada sesión con correr una maratón de 10 kilómetros, y es que efectuar este esfuerzo físico sin la garantía de un suministro eléctrico constante es una sentencia de peligro latente. A pesar de estar conectados a la red del Hospital Central de San Cristóbal, los cortes de luz son recurrentes y varían en cuanto a su duración, pero la unidad no cuenta con una planta eléctrica de encendido automático.

“Este año, cada vez que hay un corte, aunque sea de pocos minutos o pocas horas, la situación es grave. Cuando las máquinas se apagan, se tiene aproximadamente de 8 a 10 minutos para regresar la sangre al cuerpo del paciente antes de que esta se coagule. Eso es un choque fuerte que puede llegar a afectar incluso a otros órganos”, explica Dávila.

Mobiliario antiguo

El estado físico de las instalaciones del centro de diálisis es alarmante. Sillones con más de 20 años de uso y con tornillos faltantes, son los únicos lugares disponibles para que los pacientes pasen horas conectados. Estas butacas, según denuncian los familiares, podrían estar incluso contaminadas debido a su prolongado desgaste.

Además, las fallas en el sistema de aire acondicionado y la inadecuada protección de los depósitos de los medicamentos -que terminan mojándose con la lluvia-, aunado a la falta de limpieza en el patio trasero y la fachada, evidencian una falta visible de inversión.

La promesa del alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Silfedo Zambrano, de renovar el mobiliario, sigue siendo una deuda pendiente desde febrero, cuando una inspección técnica no pasó de ser un simple trámite burocrático.

Menos pacientes

La crisis no sólo es técnica, sino también económica. Desde noviembre del año pasado, el número de pacientes se redujo de 69 a aproximadamente 54 personas. El alto costo de los exámenes de laboratorio y la dificultad de traslado complican el panorama.

En este aspecto, Edgar destaca que la vulnerabilidad social es extrema: “Muchos de los afectados no tienen dinero para costear los exámenes de laboratorio cada 15 días ni medicamentos. Hay pacientes que viven en zonas cercanas como Chorro del Indio o retiradas como Capacho y se les dificulta el traslado. También queremos que se les incluya en programas de gas doméstico, gasolina, ya que no reciben ningún beneficio de los programas sociales que ofrece el Gobierno nacional”.

Autogestión: El sacrificio de las familias 

Ante la inacción gubernamental y el silencio de la Fundación del Riñón, los allegados han asumido roles de albañilería, limpieza y mantenimiento, intentando dignificar un espacio que el Estado ha abandonado.

“Los familiares no le estamos dejando todo el peso al Gobierno. Hemos hecho rifas y colectas para frisar paredes, comprar pintura, insumos de limpieza, bombillos y sócrates. Muchos de nosotros no podemos trabajar porque estamos dedicados 100 % al cuidado de los pacientes día y noche. Pedimos soluciones”, sentencia Edgar.

La comunidad de familiares de los pacientes de Diasanca ha anunciado que no se quedará de brazos cruzados. En los próximos días se llevará a cabo una asamblea general para conformar una asociación formal de pacientes y allegados. El objetivo es claro: Exigir que el gobernador Freddy Bernal y el presidente del Seguro Social acudan al sitio de salud para que brinden una respuesta definitiva a una problemática que ya no admite más esperas.

 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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