Policía española vincula a hijas de Zapatero con campaña digital y represión en Venezuela
Informes de la Agencia Tributaria y la UDEF incorporados al caso Plus Ultra señalan pagos de Venqis a Whathefav SL, la empresa de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de una firma que montó una estructura digital que operó en Venezuela con cuentas falsas, propaganda política y la aplicación VenApp
Informes de la Agencia Tributaria y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española incorporados al caso Plus Ultra señalan que Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, cobraron 100.965 euros entre 2023 y 2024 de Venqis, una empresa domiciliada en Panamá vinculada a operaciones digitales favorables al chavismo.
Los informes, citados por El Confidencial, afirman que Venqis «asesoró en campañas que coincidieron con la actividad de centenares de cuentas falsas, en la aplicación Twitter, que difundieron desinformación y propaganda a favor de aspirantes bolivarianos a gobernaciones de Venezuela y de funcionarios en Panamá, Bolivia y República Dominicana».
El empresario brasileño André Golabek aparece detrás de Venqis, de acuerdo con la publicación española. En apariencia, la compañía se presentaba como una agencia de consultoría política, gestión de crisis y campañas electorales. Una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el proyecto Mercenarios Digitales, no obstante, documentaron una estructura de comunicación política y manipulación digital.
El foco venezolano se ubica en 2021, durante las elecciones regionales de noviembre de ese año. Según los informes policiales españoles, Golabek habría impulsado centenares de cuentas falsas en X para respaldar a candidatos del chavismo y presionar a aspirantes opositores a no participar en los comicios. Esa actividad digital también alcanzó a Panamá, República Dominicana y Bolivia, donde las cuentas apoyaban a candidatos o funcionarios alineados con el Grupo de Puebla, según la publicación.
Cazadores de Fake News halló en 2021 cuentas en Twotter que publicaban en forma coordinada a favor de los candidatos del PSUV Jorge Arreaza, que aspiraba a gobernador de Barinas, Héctor Rodríguez, de Miranda, y Carmen Meléndez, de Distrito Capital, con pocos seguidores e integrantes de una granja de trolls. Se trataba de un grupo de cuentas inauténticas adoptando personalidades ficticias para contaminar de forma encubierta la conversación en línea.
Cazadores identificó en ese estudio que estaban activos por lo menos 187 perfiles de Twitter—luego descubrió que llegaban a 357—que participaban de forma inauténtica y coordinada en la conversación electoral en línea, ensalzando a los candidatos oficialistas, rechazando a los opositores o instando a estos últimos de que se abstuvieran de participar en las elecciones y que se unieran la decisión de algunos partidos opositores de boicotear esos comicios.
El Confidencial señala que la operación de esos perfiles coincidía con adjudicaciones de contratos públicos a empresas del entramado de Golabek. Los encargos aparecían bajo conceptos como desarrollo de aplicaciones de gobierno abierto, mantenimiento de servicios digitales de atención ciudadana o asesoría en imagen y comunicación.
La pista de VenApp
En 2022 la administración de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez lanzó la aplicación VenApp como una herramienta para que supuestamente ciudadanos reportaran problemas de servicios públicos, realizaran gestiones y enviaran quejas a las autoridades. VenApp no fue diseñada por venezolanos, sino por una firma panameña, conectada con otras de esa misma nacionalidad y otra más dominicana, conectadas todas al nombre de Golabek, la cabeza de Venqis, halló El Clip.
VenApp terminó siendo usada para clasificar a venezolanos por sus posiciones políticas, para el «sapeo ciudadano», para el control electoral y hasta para denunciar abiertamente a opositores. Maduro pidió en televisión oficial, en 2024, usar VenApp para reportar ante las milicias bolivarianas cualquier comportamiento sospechoso «para seguir ganando la paz y la tranquilidad». Los datos fueron aprovechados para la acción de la «Operación Tun Tun», calificada por defensores de derechos humanos como terrorismo de Estado. En 2025 el módulo de delación fue reactivado.
Las investigaciones españolas conectan la VenApp con Nolatech, una empresa del entramado mercantil de Venqis, y con una red de cuentas faslsas asociadas a Golabek que participaron en la campaña para promover la descarga de la aplicación.
Los informes de la Agencia Tributaria citados por El Confidencial indican que Whathefav SL recibió de Venqis 28.800 euros en 2023 y otros 72.165 euros en 2024. No se sabe, según el medio, si la relación económica continuó en 2025.
Los documentos incorporados al sumario del caso Plus Ultra no precisan en qué consistieron los trabajos realizados por Laura y Alba Rodríguez Espinosa para Venqis. Sin embargo, los desembolsos coinciden con la creación en Venezuela de El Server, una plataforma sobre videojuegos y deportes electrónicos lanzada en abril de 2023, en la que participó Whathefav SL.
El medio español sostiene que las hijas de Zapatero consiguieron el beneplácito de Maduro para poner en marcha ese proyecto. También afirma que la pista de El Server conduce otra vez a Nolatech, filial de Venqis y empresa relacionada con VenApp.
El entorno de Zapatero
Estos hallazgos forman parte del caso Plus Ultra, una investigación que indaga presuntas comisiones ilegales, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Los indicios apuntan a que Zapatero habría usado Whathefav SL para canalizar cobros por influir en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y otros gobiernos extranjeros.
Entre los clientes de Whathefav SL relacionados con el entorno de Zapatero también está la firma Inteligencia Prospectiva SL, que habría pagado 561.440 euros entre 2021 y 2024, y es propiedad de dos empresarios venezolanos; Huawei, con transferencias por 80.000 euros; y la esposa de Javier de Paz, adjunto al presidente de Telefónica y presidente de Movistar Plus, con pagos por 10.527 euros en 2024.
Laura y Alba Rodríguez Espinosa no están imputadas hasta ahora en la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.
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