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Piden a Embajada de EEUU interceder para que policías y militares presos reciban amnistía



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EEUU embajada Caracas sanciones
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TalCual | marzo 23, 2026

Marjorie Trejo y Yajaira Bello, familiares de policías y funcionarios militares detenidos por razones políticas, contaron frente a la embajada de EEUU que antes acudieron a la comisión de la AN que vigila el tema y nunca obtuvieron respuestas


Familiares de funcionarios policiales y militares que permanencen detenidos por razones políticas pidieron a la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Venezuela interceder para que sus parientes sean incluídos en la amnistía. La petición la hicieron este lunes 23 de marzo.

Marjorie Trejo fue una de las parientes que se acercó a la sede diplomática, ubicada en Caracas. Su padre, José Gregorio Trejo Figueroa de 62 años, funcionario policial, fue detenido en 2024. Está recluido en el Rodeo I.

Trejo comentó a medios de comunicación que estaban en el lugar que la Embajada aceptó recibir un documento en el que los parientes pudieron precisar los detalles de los casos de los aprehendidos.

Señaló que, al igual que otros parientes de otros detenidos, acudió al lugar en un intento de dar celeridad al caso de su padre.»Esta situación que ha sido bastante fuerte y dolorosas», expresó. Explicó que la situación legal de su pariente está paralizada.

*Lea también: Excarcelados entregan lista de presos políticos a la AN y exigen transparencia en aplicación de amnistía

Marjorie Trejo contó que en días pasados acudió ante la Comisión de Amnistía de la Asamblea Nacional, que es presidida por el diputado oficialista Jorge Rodríguez. No encontró respuestas por parte de la instancia parlamentaria.

«No nos han dicho nada. Probablemente lo hayan negado, como lo han hecho con muchas otras personas que tienen los mismos tipos penales. Pero estamos en eso», alertó la hija del preso políticos.

Yajaira Bello, madre del capitan Marco, señaló que su hijo está en la cárcel de Ramo Verde desde 2019 tras ser condenado a 30 años por terrorismo y traición a la patria por el «caso Suhkoi». Reiteró que nada de lo que el Estado ha acusado a su familiares es real.

«Bueno, yo como madre pido la libertad de mi hijo. Ya tiene seis años y diez meses preso siendo inocente. Porque a él se le comprobó su inocencia en un juicio que duró tres años y el juez le dio libertad plena», manifestó.

Recordó que su hija al salir de la audiencia —en la que fue declarado inocente— fue recapturado nuevamente y ya tiene tres años en el juicio nuevamente sin haberle conseguido ninguna prueba. «Él es un muchacho profesional, un capitán de la Aviación, el cual lo único que ha hecho es servirle a su patria», agregó a las afueras de la embajada.

Bello pidió que por favor «se pongan la mano en el corazón y le den la libertad a mi hijo porque él es inocente. Ya basta de tanto sufrir, ya basta de tanta agonía tanto para él como para nosotros sus familiares».

Organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, han señalado que la Ley de Amnistía se elaboró “sin la debida consulta a todos los sectores de la sociedad”, lo que devino en fallas y exclusiones en su aplicación. Acceso a la Justicia destaca como un punto positivo el efectivo acceso para perseguidos políticos en el exterior.

Familiares de militar detenido en Ramo Verde solicitan ante la @usembassyve que interceda para lograr la amnistía de su hijo tras estar 7 años encarcelado. pic.twitter.com/0f5WQi70ML

— Beatriz Adrián (@Beadrian) March 23, 2026

Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hasta el 17 de marzo se habían beneficiado con libertad plena a 7.580 personas por la amnistía, aunque no precisó cuántas de estas personas estaban bajo medidas cautelares o fueron excarceladas gracias a la Ley. Asimismo, destacó que del total de casos evaluados por la comisión especial, a 24% se le ha negado su solicitud aunque tienen derecho a apelar.

Los primeros días de la aplicación de la Ley de Amnistía trajeron esperanza a familiares y largas colas en el Palacio de Justicia, en Caracas, donde se ha centralizado casi la totalidad de la acción penal en casos de naturaleza política, especialmente en tribunales con competencia en terrorismo luego de la ola de detenciones tras las presidenciales de 2024.

Pasados los días, empezó el retardo para responder las solicitudes y arreció el reclamo sobre cobros indebidos, «colaboraciones» para acceder al beneficio y evidentes exclusiones de casos de naturaleza política, bajo el amparo del artículo 9 de la Ley. Ha sido la situación de decenas de sindicalistas, periodistas, militares o civiles vinculados a casos de rebelión, y algunos presos poselectorales con calificaciones distintas a las reportadas en la mayoría de las detenciones (terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio, obstrucción de la vía pública).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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