Periodista Ana Belén Tovar cumple una semana de detención arbitraria en la Dgcim
«No se le garantiza derecho a visita», argumentó un funcionario de la Dgcim basado en el hecho de que la periodista no cumple aún los 30 días de detención, hecho inconstitucional y antirreglamentario
La periodista Ana Belén Tovar se encuentra detenida desde el pasado martes 19 de noviembre de 2019, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron la sede de Venmedios y la arrestaron sin orden judicial.
Desde la sede de la Dgcim en Boleíta, Belén Tovar enfrenta una detención arbitraria por la presunta «publicación de información sobre altos funcionarios» del gobierno de Nicolás Maduro, mientras que sus abogados y familiares siguen sin saber los cargos.
De acuerdo con la ONG Espacio Público, existe gran opacidad con este caso, que se ha mantenido desde el allanamiento de Venmedios. Además, denuncian que la comunicadora ha permanecido incomunicada desde su detención, hecho inconstitucional y antirreglamentario, ya que viola el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Espacio Público acota que se violó el debido proceso desde la emisión de la orden de allanamiento del medio, a cargo de la jueza 42° de Primera Instancia en Funciones de Control Estadal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Angela Carrillo Carrillo.
Esto se debe a que en ningún momento se especificaron los nombres de las autoridades o funcionarios autorizados para llevar a cabo el procedimiento y, peor aún, no se señalan los motivos, ni los objetivos o las personas buscadas en el procedimiento. Finalmente, el documento no tiene los sellos húmedos reglamentarios del Juzgado Penal.
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Durante esta semana se han violado sus derechos fundamentales en reiteradas ocasiones. El equipo de Espacio Público y sus familiares se han dirigido a la sede del Dgcim para solicitar información sobre el proceso judicial y confirmar su estado de salud. Sin embargo, los funcionarios solo han respondido con negativas.
«No se le garantiza derecho a visita», argumentó un funcionario de la Dgcim basado en el hecho de que la periodista no cumple aún los 30 días de detención. No obstante, la Constitución especifica que toda persona detenida tiene derecho de comunicarse inmediatamente con sus familiares y abogados.
El mismo funcionario le informó a la hija de la periodista que esta había sido presentada ante un tribunal y que la defensa pública asumió su caso, lo que viola su derecho a ser representada por abogados de su confianza.
Diversos entes han expresado su preocupación por el caso y han exigido la liberación de los comunicadores detenidos tras el allanamiento del medio.
Tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su «profunda preocupación por la detención arbitraria de varios periodistas y funcionarios de los medios: Venezolanos por la Información (VPI Tv), Caraota Digital y Entorno Inteligente”.
