Pdvsa contrató en 2016 al exjuez Garzón por más de 8,8 millones de euros
Según el portal español The Objective entre las misiones pactadas por el bufete al que está afiliado Garzón (Ilocad) y Pdvsa figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado
La estatal petrolera Pdvsa contrató en 2016 al bufete del exjuez Baltasar Garzón Ilocad ( International Legal Office for Cooperation and Development) por honorarios de más de 8,8 millones de euros, según reveló en una nota publicada este 28 de septiembre por el portal The Objective de manera exclusiva. Según la investigación, ese contrato está aún vigente.
El pago contemplaba «interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho». Entre las misiones pactadas por Ilocad y Pdvsa figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a Pdvsa en la misma causa, indica la nota que puede leer completa aquí.
The Objective intentó una respuesta del bufete para aclarar en qué consisten esas labores de «coordinación» con la Fiscalía, pero no recibió respuesta.
El documento, fechado el 15 de noviembre de 2016, es la autorización formal de Pdvsa para contratar los servicios de Ilocad. La firma por parte de la empresa venezolana es la de Eulogio del Pino, quien se encuentra pendiente de juicio en Venezuela acusado de corrupción.
Coordinar con la Fiscalía
Según The Objective, que publica una copia del contrato de tres páginas, la «coordinación» no era una mera forma de hablar sino que formaba parte de los términos exactos negociados directamente con el despacho de Garzón. «La oferta por estos servicios, ya negociada con el despacho de Ilocad, presenta un monto de 8.835.000 euros, desglosada para su pago según avance y cumplimiento de los siguientes hitos:
-1.650.000 euros por asistencia en la preparación y presentación del poder para litigios.
-2.105.000 euros por preparación y presentación de la demanda.
-1.980.000 euros por coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas.
-3.100.000 euros por preparación del documento de acusación e inicio del juicio correspondiente en España».
La querella contra los acreedores de la filial Bariven fue presentada por Ilocad a mediados de 2017. Aportó un listado de 2.600 contratos que sumaban 2.000 millones de dólares otorgados por Bariven a Roberto Rincón y Abraham Shiera. Las contrataciones de mayor monto, según escritos sumariales, precisaban la autorización de Pdvsa, matriz de Bariven. La juez, con apoyo de la Fiscalía, requirió hace un año dicha documentación, esencial para esclarecer quién ordenó pagar a dichos proveedores sospechosos. La petrolera un año después sigue sin entregarla.
En dichos documentos, aflorarían las firmas de Eulogio del Pino, el presidente Nicolás Maduro y Asdrúbal Chávez, primo de Chávez. Todos ellos han sido miembros de la dirección de Pdvsa en el periodo investigado (2005 a 2014).
El bufete de Garzón entregó una prueba que, según fuentes jurídicas, puede volverse en contra de su cliente: las atribuciones legales de la junta directiva de Pdvsa. Y entre ellas estaba la de «autorizar la celebración de contratos». El juzgado ya tiene ejemplos de autorizaciones por la dirección de Pdvsa de compras de Bariven.
Si Pdvsa, a través de Ilocad, entregara a la justicia española todos los permisos de compras, tales altos personajes del régimen venezolano, incluido el firmante de la contratación del bufete de Garzón, podrían resultar investigados, según fuentes conocedoras del caso. La falta de entrega de esta documentación estanca la causa, según fuentes jurídicas: la juez no tiene pruebas de quién firmó tales compras millonarias sospechosas.
La orden de pago a Garzón afirmaba que Del Pino se encargaría de que la acción penal «cuente con el aval y soporte de la Contraloría General de la República y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional».
Tales requisitos para ejercer acciones penales por parte de Pdvsa, según fuentes relacionadas con el caso, nunca se reflejaron en la causa, promovida en exclusiva por el bufete contratado por Del Pino.
*Lea también: Ordenan juicio contra expresidente de Pdvsa tres años después de su detención
