PCV denuncia que le fue negado el derecho de palabra en la AN 2020
El Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y diputado Oscar Figuera destacó que, durante la sesión del viernes 31 de marzo, le fue negado el derecho de palabra. Cuestionó «¿qué temen que diga?»
El derecho de palabra del diputado Oscar Figuera, durante la discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio en la Asamblea Nacional 2020 (AN), le fue negado. En este sentido, el también Secretario General del Partido Comunista de Venezuela (PCV) se cuestionó, “¿qué temen que diga?”.
Figuera destacó que, durante la sesión del viernes 31 de marzo, el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue presentado en una larga alocución del primer vicepresidente del PSUV, diputado Diosdado Cabello y con otra extensa intervención del diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
“¿Acaso temen que se sepa que la cúpula dirigente del PSUV en la Asamblea Nacional violenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento Interior y de Debates, para impedir el uso de la palabra al PCV y la Alternativa Popular Revolucionaria?”, indicó.
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En lo que respecta al instrumento en discusión, Figuera informó a Tribuna Popular que “en esta oportunidad el PCV iba a expresar su apoyo a dicha iniciativa legislativa “pues se corresponde con un planteamiento que históricamente ha realizado el PCV de confiscación de bienes productos de la corrupción a todas aquellas personas naturales o jurídicas, sean particulares o funcionarios del Estado, que se les compruebe el indebido aprovechamiento de los bienes públicos”.
“Aunque la agenda de la sesión fue recibida en horas de la noche del jueves, el Buró Político consideró que debíamos votar favorablemente dicho proyecto y expresar nuestra posición al respecto, en el sentido que tal norma debe servir para impedir la impunidad y castigar con la cárcel y la confiscación de bienes, como medida accesoria”, agregó el dirigente del PCV.
El diputado explicó que para el PCV estas medidas no solamente deben alcanzar solamente a quienes desde los altos cargos del Estado u otros niveles de la gestión pública cometan actos de corrupción, sino también “a los particulares que los promuevan”.
Para la bancada comunista esta ley debe incluir “la malversación de fondos y el delito de peculado de uso, en cuyo caso deben resarcir con sus propias propiedades el uso abusivo de los bienes públicos para el beneficio de particulares”.
