Parlamento venezolano sanciona de manera exprés el presupuesto y endeudamiento 2026
Los diputados opositores cuestionaron que el Presupuesto 2026 no contemple partidas para el aumento del salario «nominal y real» de los trabajadores. El oficialista Jesús Faría afirmó que «hay enormes dificultades pero este presupuesto y la Ley de Endeudamiento se ajusta perfectamente a las realidades y necesidades de nuestro pueblo este año como en años anteriores». El próximo jueves se realizará la segunda discusión del proyecto de ley para que Venezuela denuncia el Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la CPI
La Asamblea Nacional sancionó este martes 9 de diciembre, por mayoría calificada en control del oficialismo, las Leyes de Presupuesto y Endeudamiento para el ejercicio económico financiero 2026.
Tras una consulta del primer vicepresidente Pedro Infante, que duró alrededor de tres minutos, el presupuesto fue sancionado tras la aprobación de los parlamentarios oficialistas. Seguidamente, y tras intervenciones de los diputados Luis Eduardo Martínez (AD) y Jesús Faría (PSUV), también fue aprobada la Ley especial de Endeudamiento. Ambas serán remitidas a Nicolás Maduro para su promulgación en Gaceta Oficial.
El pasado 4 de diciembre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó ambos proyectos ante el parlamento venezolano. Para el ejercicio económico 2026 se solicitaron 5.022.968.785.870 bolívares, equivalentes en dólares a 19.941.911.965. Esto representa un retroceso de 12% en dólares para lo que se presupuestó en 2025.
Mientras que el endeudamiento para el año próximo asciende a 531 mil 959 millones 968 mil 271 bolívares, priorizando 12 proyectos del Ministerio de Energía Eléctrica, siete para la Defensa, cuatro de la cartera de Aguas y tres pertenecientes a Obras Públicas.
En una breve participación, el diputado Faría dijo que «de manera tendenciosa» los diputados opositores «hacen el mismo reclamo del año pasado», tras una intervención de Óscar Ronderos (AD) donde reclamó –a nombre de la oposición– la falta de una partida presupuestaria para el aumento del salario «nominal y real» de los trabajadores.
El exministro afirmó que Venezuela enfrenta un escenario de «agresión política, diplomática, económica y militar» por parte de Estados Unidos, aunque se ha logrado un «crecimiento» de diversos sectores, el aumento de la recaudación tributaria y «un incremento a los trabajadores de al menos 25%».
«Los trabajadores de este país pueden estar absolutamente seguros de que aquí tenemos un gobierno revolucionario y socialista que tiene como primera preocupación atender esa deuda con los trabajadores que ha sido creada por un factor exógeno, por una agresión imperialista», afirmó Faría.
Respecto al endeudamiento, el diputado Luis Eduardo Martínez cuestionó que en buena medida se incluyen proyectos solicitados en años anteriores que, dijo, no han podido ser ejecutados por el «cerco económico».
Financiar estos proyectos «sería inviable y es inviable mientras se mantengan las sanciones económicas unilaterales extranjeras», insistió Martínez.
Jesús Faría replicó que el «bloqueo» se remonta a 2017 y se ha registrado crecimiento económico desde el año 2023. «Es imposible que una economía tenga ese crecimiento con un presupuesto inviable… Hay enormes dificultades y, pese a esas dificultades, nosotros realizamos las inversiones en el área social, productiva, creamos los estímulos y tenemos este escenarios de fortaleza productiva».
«Hay enormes dificultades pero este presupuesto y la Ley de Endeudamiento se ajusta perfectamente a las realidades y necesidades de nuestro pueblo este año como en años anteriores», sentenció.
«Nos salimos de esa vaina»
El parlamento venezolano también presentó y debatió el «proyecto de ley en defensa de Palestina y de la humanidad», como renombraron a la norma para derogar el Estatuto de Roma, instrumento que rige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y aprobada en primera discusión la semana pasada.
La consulta pública de este proyecto fue iniciado apenas un día antes en una actividad en Caracas, según consta en una nota de prensa de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, inició su intervención cuestionando «¿para qué carajos sirve la Corte Penal Internacional?» y la falta de respuesta de este tribunal internacional sobre la política de sanciones económicas contra Venezuela por parte de Estados Unidos, país que aseguró es «dueño» de la CPI.
Recordó que las autoridades venezolanas recibieron al fiscal Karim Khan en territorio venezolano, aprobaron dos memorandos de entendimiento, mientras que la Asamblea Nacional aprobó ocho leyes «por recomendación» de la Fiscalía de la CPI.
«La única petición que hizo Venezuela… es que se abriera un caso en la Corte Penal Internacional que allá es conocido como Venezuela II, para que se estudiara los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales sobre la población venezolana. ¿Cuál fue su respuesta? Abrieron el caso y lo engavetaron», afirmó.
Según el presidente de la AN, renombrar la norma que permitirá al Estado venezolano denunciar el Estatuto de Roma es una «medida de solidaridad por el pueblo palestino y el pueblo de Gaza», al tiempo que ironizó sobre la «casualidad» de que la mayoría de casos e investigaciones se concentren en África, Rusia, China, Venezuela e Irán.
«Esa bendita Corte Penal Internacional lo único que sirve es para que nos agredan, si nos quedamos ahí es para revictimizarnos… Que otros quieran seguir siendo hipócritas, nosotros no. Nos salimos de esa vaina. Que otros sigan creyendo que ya Gaza se arregló… Nosotros queremos insistir en denunciar el más grande genocidio que ha habido en este planeta en los últimos 70 años», aseveró.
Al finalizar su intervención dijo que el próximo jueves se realizará la segunda discusión del proyecto de ley.
Por otra parte, se refirió brevemente al premio Nobel de la Paz que le será entregado a la líder opositora María Corina Machado el miércoles 1o de diciembre en Oslo (Noruega). «Pobre Nobel que se lo dan a una persona que pida que invadan a Venezuela… que celebra que bombardeen a inocentes en el Caribe».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
