Medios argentinos: pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo salió de Venezuela
Medios de comunicación argentinos afirman que el operativo para la salida de la pareja de Gallo y su hijo fue organizado por el gobierno del presidente de Argentina Javier Milei con el apoyo de activistas de derechos humanos
La pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela por razones políticas desde diciembre, y su hijo salieron del país hacia Buenos Aires, en una «movida secreta» organizada por el gobierno de Javier Milei.
El diario Clarín informó este miércoles 28 de mayo que María Alexandra Gómez García, de nacionalidad venezolana y su hijo Víctor Benjamín, nacido en Argentina, salieron desde Bogotá con escala en Panamá rumbo a Buenos Aires.
Según explicó el medio, salieron desde su casa, en Anzoátegui, y cruzaron la frontera hasta Cúcuta por tierra y en secreto.
«Fue en un operativo comandado por el Gobierno argentino, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su equipo. Pero también con apoyo logístico, entre ellos los de la activista venezolana de Derechos Humanos, Elisa Trotta, que vive aquí y mantiene el contacto con la pareja de Gallo».
El traslado de Gómez García y su hijo contó con la supervisión de Washington para evitar que tuviera problemas en Colombia con la documentación que le entregaron, señaló el medio argentino.
El pasado 23 de mayo, el Gobierno de Argentina reclamó la liberación del gendarme. La Cancillería de Javier Milei difundió un comunicado en el que exigió la «inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, así como de todos los connacionales que se encuentren ilegalmente privados de su libertad» por Nicolás Maduro.
Responsabilizó, además, directamente a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, por liderar una estructura represiva: «El Sr. Diosdado Cabello lidera una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos».
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
