OVP: Estado falló en custodia de Yare III tras motín que dejó cinco fallecidos
El OVP rechazó la versión oficial que atribuye la violencia a la «peligrosidad» de los reclusos, recordando que el Estado es el garante constitucional de la vida en las cárceles
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) rechazó este miércoles 22 de abril las justificaciones del Ejecutivo sobre el motín en la cárcel de Yare III, el cual dejó un saldo de cinco internos fallecidos. La organización denunció que el Ministerio para el Servicio Penitenciario intentó evadir su responsabilidad constitucional al calificar el recinto como un espacio de «líderes negativos», sugiriendo que la peligrosidad de los reclusos exime al Estado de su deber de custodia.
Tras 36 horas de silencio oficial, el Ministerio identificó a los fallecidos como Keivin Matamoros, Eliecer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Jiménez. Según la versión gubernamental, las muertes ocurrieron a raíz de una «riña» interna. Sin embargo, el OVP recordó que, según el artículo 43 de la Constitución, el derecho a la vida es inviolable y el Estado es el garante absoluto de la integridad de quienes están bajo su custodia.
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«La ocurrencia de estos hechos no es por la peligrosidad de los detenidos, sino por la falla del Estado en cumplir su función», sentenció la ONG. La crisis, que inició el lunes 20 de abril con reportes de detonaciones y la suspensión abrupta de visitas, escaló este miércoles con la salida de autobuses del recinto, lo que confirmó los temores de los familiares sobre traslados masivos realizados sin notificación previa.
A las afueras del penal, decenas de familias permanecieron en estado de zozobra ante la falta de canales oficiales de información. La administración de Delcy Rodríguez, que en días recientes celebró avances en materia de derechos humanos ante organismos internacionales, enfrenta ahora críticas por la opacidad en el manejo de esta crisis carcelaria.
El Ministerio Público inició una investigación para determinar las circunstancias de los hechos, pero para los defensores de derechos humanos, la fiscalía llegó tarde. El OVP alertó que los traslados sorpresivos representan una nueva violación a los estándares internacionales, ya que profundizan la desinformación y el castigo psicológico hacia los parientes de los privados de libertad.
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