OVP denuncia que Ley contra la Tortura es ignorada y el maltrato está normalizado
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) asegura que la Ley contra la Tortura es letra muerta en el país y que los organismos de seguridad del Estado continúan torturando a los presos políticos de forma sistemática. Esta organización exige el fin de estas prácticas y garantías de no repetición
Este 22 de julio se cumplen 12 años de la promulgación de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país, pero en lugar de documentar avances, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denuncia que este instrumento legal es ignorado, que la tortura sigue siendo una práctica común, especialmente contra presos políticos y personas consideradas disidentes del gobierno.
El OVP advirtió que la ley, aprobada en 2013 con la intención de adaptar la normativa nacional a los compromisos internacionales asumidos por el país, «continúa siendo letra muerta».
Aunque la norma tipifica la tortura como delito autónomo y establece penas de hasta 25 años de cárcel, los hechos indican que no se investiga ni sanciona a los responsables, incluso cuando son señalados directamente por las víctimas.
El OVP denuncia que desde 2014 se ha documentado el uso sistemático de tortura por parte de organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Las denuncias incluyen desapariciones forzadas, golpizas, asfixia con bolsas, descargas eléctricas, amenazas, violencia sexual, aislamiento prolongado y negación de atención médica. Muchas víctimas son presos políticos, militares disidentes, periodistas o defensores de derechos humanos, quienes son sometidos a estos tratos para extraer confesiones, castigarlos o doblegarlos.
En la mayoría de los casos, no hay investigaciones imparciales ni sanciones. «Las denuncias son silenciadas o desestimadas, y se mantiene la impunidad, especialmente cuando se trata de cuerpos de seguridad del régimen», insiste el OVP.
La Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura —órgano previsto en la ley y presidido por la Defensoría del Pueblo— nunca se activó plenamente. «Brilla por su ausencia, sin presencia institucional ni mecanismos efectivos de monitoreo, dejando a las víctimas completamente desprotegidas», señala el comunicado difundido por medio de la cuenta en X de esta organización.
Informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU han documentado que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado para silenciar la disidencia mediante el miedo.
El Observatorio Venezolano de Prisiones exige el fin de la tortura, justicia para las víctimas, garantías de no repetición y la activación real de los mecanismos de control institucional. «Venezuela tiene la obligación jurídica y moral de erradicar la tortura. No puede seguir siendo tolerada, negada ni encubierta», subraya la organización.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
