OVP acusó al Ejecutivo de darle largas a la solución de la crisis penitenciaria
Humberto Prado, director del OVP, dijo que el Estado tiene años sin resolver la situación de los privados de libertad. De igual forma, cree que se comete un ilícito al desalojar La Planta y enviar a los presos a otros recintos carcelarios «porque nadie puede ser juzgado fuera de la jurisdicción donde se cometió el delito»
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, criticó este miércoles 5 de junio a la administración de Nicolás Maduro de darle largas a la solución de la crisis penitenciaria en el país con aspectos como el retardo procesal, el hacinamiento, la corrupción, drogas en los penales, entre otros.
De esta forma, Prado se pronunció sobre el procedimiento realizado el 2 de junio en la cárcel de La Planta -conocida hoy como el Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar- en la que se registraron desalojos arbitrarios por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
En entrevista concedida a Radio Fe y Alegría, el director del OVP recordó que ya Caracas vivió cierres de otros penales como el del Junquito, Catia y La Planta, cuando en la ciudad hay 10 cortes de apelaciones, 52 tribunales de control, 30 tribunales y 17 tribunales de apelación. Por ello, cuestionó el que la capital del país no tenga recintos carcelarios.
Por ello, dijo que era probable que los reclusos sean trasladados a otros sitios de reclusión como Las Crisálidas, Yare o El Rodeo; lo que estaría violando la Constitución «porque nadie puede ser juzgado fuera de la jurisdicción donde se cometió el delito».
La ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, explicó la tarde del domingo 3 de junio que las autoridades decidieron desalojar por completo las instalaciones del Centro de Formación para Hombres Nuevos Simón Bolívar, de la ciudad de Caracas, conocido como la cárcel de La Planta, para habilitar otras dependencias de este espacio.
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A través de sus redes sociales, Bautista indicó que los privados de libertad que estaban en La Planta fueron reubicados en otros recintos carcelarios del país, tomando en cuenta elementos como su situación jurídica, la cercanía con sus familiares y los tribunales de origen de sus causas.
Destacó que los traslados se hicieron respetando los derechos humanos de la población carcelaria y revisando la posibilidad de que puedan establecerse medidas alternativas para cumplir sentencias distintas a la de estar en prisión.
Luego, el OVP denunció que el traslado de más de 50 presos políticos, sociales y extranjeros fue arbitrario, inconsulto y no se corresponde a la realidad jurídica de todos los privados de libertad.
«La ministra miente», aseveró el observatorio, refiriéndose a Celsa Bautista, titular de la cartera de Servicio Penitenciario, quien en sus redes sociales dijo que los traslados se hicieron de acuerdo a «su situación jurídica; con acercamiento familiar y a sus tribunales de origen».
Para el OVP la realidad es otra. La organización no gubernamental señaló que en estos traslados incluyeron a varios reos cuyas causas están en Caracas, pero fueron ubicados en otros estados, donde además estarán lejos de sus familiares que son los que les proveen los insumos necesarios para sobrevivir «entre tanta desidia».
