Otros tres diputados siguen encarcelados, entre más de 380 presos políticos
El 24 de agosto la ONG Foro Penal contabilizó en 386 la cantidad de presos políticos en Venezuela. De los cinco parlamentarios que forman parte de los encerrados, tres continúan en calabozos. Juan Requesens e Ismael León tienen casa por cárcel
El diputado Juan Requesens está en su casa, en Caracas, y aunque mucho se haba de su liberación él sigue siendo un preso político. Uno que tiene la «fortuna» de cumplir el encierro con sus familiares. Otros 385 personas no pueden decir lo mismo en Venezuela, acorde a cifras de la ONG Foro Penal Venezolano, que habitualmente son certificadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
386 es el número más reciente de presos políticos, incluyendo a Requesens, al 24 de agosto pasado. Según esas cifras, hay en el país 357 hombres y 29 mujeres detenidas por motivaciones políticas. Al observar el número de militares y civiles presos, de la cifra global presentada se desprende que 258 son civiles y 127 pertenecen al sector castrense. Persisten detenidos dos adolescentes.
Entre los encarcelados están otros cuatro parlamentarios, a pesar de su inmunidad. Renzo Prieto y Gilber Caro han sido encarcelados, excarcelados y vueltos a encarcelar durante el gobierno de Nicolás Maduro. El primero pasó cuatro años detenido hasta 2018 y volvió a la cárcel el 10 de marzo de este año. Tres días después sus familiares y abogados perdieron la comunicación con él y desde entonces, por algunos intermediarios, se han enterado de que el legislador «está durmiendo en el suelo» de un calabozo caraqueño.
Caro, en cambio, cumple su cuarta estancia en prisión, aunque la primera vez fue por motivos ajenos a la política y antes de convertirse en diputado. Las otras tres aprehensiones se produjeron entre 2017 y 2019 cuando, pese a ser legislador, ha estado en situación de «desaparición forzada» durante semanas.
«No se conoce (formalmente) el sitio de reclusión (de Caro) ni los delitos que se le imputan. Se le ha impedido su derecho a un abogado de confianza, al imponerle un defensor público por parte del tribunal ordinario», dice un informe de la Asamblea Nacional fechado en julio de 2020. Cuando fue detenido tardó cuatro meses en ser presentado a tribunales, aunque la ley dicta que ello debe ocurrir en 48 horas.
La defensa de ambos ha denunciado tratos crueles e inhumanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. “Los mantienen sometidos a una huelga obligada de hambre y sed, pues no le permiten el acceso a agua, comida, visitas, cuidados médicos, ni a su legítima defensa”, dijo la abogada Theresly Malavé el 27 de julio.
A ellos se suman los diputados Antonio Geara e Ismael León. El primero fue detenido en marzo pasado, y recientemente se confirmó su contagio por covid-19 dentro de la cárcel. El segundo fue apresado en enero, con arresto domiciliario. Sus defensores no han tenido hasta ahora acceso al expediente judicial del caso, según su abogada Ana Leonor Acosta.
El registro del parlamento venezolano afirma que uno de cada cinco diputados ha sido procesado judicialmente en Venezuela en los últimos cinco años.
Quienes no son diputados pueden llegar a tener tratos peores, especialmente los presos políticos que son militares. Por ejemplo, el capitán de navío Luis de la Sotta, preso por motivos políticos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuya hermana denunció hace una semana que al oficial se le niega atención médica desde febrero de 2020 por dolencias en la región lumbar y renal, entre otras afecciones.
Por otra parte, se calcula que en Venezuela existen más de 9.000 personas con procesos abiertos ante la justicia por razones políticas. Detenidos que fueron excarcelados sin libertad plena y que suelen tener medidas restrictivas como prohibición de salida del país, régimen de presentación ante tribunales, veto a la posibilidad de hablar con medios de comunicación y negativa a participar en manifestaciones públicas de cualquier índole.
