Organizaciones advierten que allanamiento a Mavid puede violar derecho internacional
Solicitan a la comunidad internacional a que hagan un seguimiento al trabajo de los actores humanitarios en Venezuela y velen por su protección
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil suscribieron una carta, con el fin de repudiar el allanamiento que llevaran a cabo funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a la sede de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), así como la detención arbitraria del tesorero Jhonatan Mendoza, el vicepresidente fundador, Wilmer Álvarez, y el secretario Manuel Armas.
Estas personas fueron liberadas varias horas después.
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«Estos actos de allanamiento ilegal y de detenciones arbitrarias contra actores que defienden los derechos humanitarios sientan un grave precedente en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela que pueden constituir violaciones del derecho internacional», subraya el escrito.
En ese sentido, solicitan a la comunidad internacional a que hagan un seguimiento al trabajo de los actores humanitarios en Venezuela y velen por su protección.
La mañana del viernes 15 de febrero se conoció que el Cicpc allanó las instalaciones de esta ONG, ubicada en el estado Carabobo, y que se encarga de defender los derechos de los pacientes con VIH.
El presidente de Mavid, Eduardo Franco, aseguró que los efectivos del cuerpo de seguridad llegaron a la sede ubicada en el municipio Naguanagua de Valencia, y entraron al lugar sin ninguna orden judicial.
Detalló que dentro del espacio se encontraban diferentes medicamentos e insumos que son entregados a través de donaciones a los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana que hacen vida en la entidad.
Explicó que en la sede de Mavid había disponible 12 cajas de fórmulas para bebés de 0 a 6 meses, 12 cajas de antirretrovirales necesarios para estabilizar los valores de los pacientes con esta patología, cuatro bultos de preservativos, catéteres y medicamentos para enfermedades que se catalogan como “oportunistas”.
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Por su parte, el director del Cicpc, Douglas Rico, explicó que el procedimiento se llevó a cabo tras recibir la denuncia de una persona que aseguró haber pagado por un medicamento que resultó vencido y no quisieron reintegrarle el dinero.
Dijo que cuando se recibió la acusación y ver el medicamento, los funcionarios acudieron al lugar y al observar otros fármacos, cuya fecha de vencimiento era el 2018, procedieron al allanamiento.
“Una vez en el interior del local, comienzan a revisar y se percatan que en el lugar existe una gran cantidad de medicamentos, todos vencidos, ninguno con fecha que esté por vencerse, todos totalmente vencidos”, agregó Rico según un artículo de El Estímulo.
“Quiero señalar que en el lugar no había ningún tipo de medicamento o alimento para ser consumidos por los niños, como se dijo que habían fórmulas maternas que habían sido hurtadas o robadas por los funcionarios. Allí no existía ningún tipo de fórmula materna al momento en que la comisión se encontraba en el lugar”, recalcó.
