ONU solicitó en marzo de 2025 información sobre Víctor Quero: el Estado no respondió
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas instó al gobierno venezolano a iniciar una investigación por la muerte de Víctor Quero Navas, que debe incluir «pruebas forenses independientes, la adecuada identificación del cuerpo y su restitución digna a la familia». Las expertas resaltaron que el Estado «tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas»
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas instó al gobierno venezolano a iniciar una «investigación pronta, efectiva e independiente» por la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba desaparecido desde enero de 2025.
«El caso del Sr. Quero Navas ilustra el profundo sufrimiento que enfrentan las familias cuando las autoridades ocultan la suerte y el paradero de una persona desaparecida», afirmaron las expertas del Grupo en un comunicado, emitido este lunes 11. «El hecho de que las autoridades tuvieran conocimiento de la búsqueda emprendida por la madre y, aun así, no le permitieran verle, ni le informaran sobre su fallecimiento, resulta grave y doloroso».
Las expertas señalaron que el 31 de marzo de 2025 se extendió el caso al gobierno venezolano «sin haber recibido respuesta de las autoridades».
El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Servicio Penitenciario emitió un comunicado donde señaló que Víctor Quero Navas, quien había fallecido el 15 de julio de 2025, fue detenido el 3 de enero de ese año y recluido en el Internado Judicial Rodeo I. Asimismo, indicaron que no se habrían registrado visitas ni identificado familiares, pese a que existía una campaña pública, a nivel nacional, impulsada por sus allegados para localizarlo e identificarlo.
El Grupo de Trabajo puntualizó que la investigación debe incluir «pruebas forenses independientes, la adecuada identificación del cuerpo y su restitución digna a la familia».
También se calificó de «profundamente preocupante» que las autoridades, pese a conocer la búsqueda que hizo Carmen Teresa Navas, entregaron información nueve meses después de su fallecimiento, «y únicamente a través de un comunicado público, sin haber informado previamente a su familia ni respondido a las múltiples solicitudes presentadas».
Además, se refirieron al «Acta de Comparecencia» suscrita por la Defensoría Pública, de fecha 24 de octubre de 2025, donde se le dijo a la familia que se encontraba en la cárcel del Rodeo I. Sin embargo, su paradero nunca pudo ser confirmado en ese lugar.
«Las contradicciones entre la información oficial difundida recientemente y el Acta de Comparecencia de octubre de 2025 requieren ser esclarecidas, particularmente en lo relativo a la fecha real del fallecimiento. También preocupa en este situación la independencia judicial y de autonomía de la fiscalía», indicaron.
El Grupo de Trabajo resaltó que el Estado venezolano «tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad, asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas».
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