ONG rechaza encarcelamiento de 77 niños venezolanos
Directoras de la ONG Justicia Venezolana denunciaron que el gobierno viola los principios de protección a los adolescentes al mantener privados de libertad a 77 menores de edad por su presunta participación en protestas
Representantes de la ONG Justicia Venezolana rechazaron que 77 menores de edad, entre adolescentes y niños, se encuentren detenidos y con medida privativa de libertad en diversos estados del país por su presunta participación en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Lilia Camejo y Neida Pérez, directoras de la ONG, detallaron que en los estados donde se han registrados más detenciones son: Yaracuy (12 menores de edad), Guárico (21 adolescentes), Aragua (con 11 detenidos) y Carabobo, entidad en la cual de nueve adolescentes aprehendidos, ocho continúan tras las rejas.
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“Se trata de una violación flagrante a los principios de protección a los adolescentes previstos en el artículo 78 de la carta magna que establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República”, explicó Camejo.
Pérez destacó que en Cojedes fue apresado una persona con síndrome de Down. Hizo un llamado de atención a los Fiscales a garantizar el cumplimiento de lo tipificado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopna) y que no sigan perpetrando violaciones a los derechos humanos de infantes venezolanos.
Ambas condenaron la actuación de la Juez de Responsabilidad Penal del Adolescente en el estado Yaracuy, Ediluh Guedez, quien reconoció haber privado de libertad a menores de edad por presiones del gobernador de la entidad, Julio León Heredia. Exigieron en tal sentido respeto a la independencia de poderes, al tiempo que recodaron que los delitos de Lesa Humanidad no prescriben.
