ONG exigen respetar DDHH de personas con discapacidad privadas de libertad
Consorven y Cecodap hacen el seguimiento a tres detenciones de personas con discapacidad, entre ellos un adolescente de 15 años, a los cuales se les han violado sus derechos
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y Cecodap exigieron al Estado venezolano, en un comunicado, que se respeten los derechos humanos de personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran actualmente privadas de libertad.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, indicó que hacen seguimiento a tres casos -entre ellos un adolescente de 15 años- donde los acusados son personas con discapacidad cognitiva y se encuentran privados de libertad. Ambas instituciones recordaron que estas personas son inimputables por su condición.
“El caso más reciente, data de diciembre de 2020. Se involucró arbitrariamente a un adolescente de 15 años de edad, en el estado Yaracuy, en delitos de extorsión y secuestro. Lo relacionaron con el crimen por un teléfono celular que era utilizado por su madre, quien está desaparecida desde entonces», refirió De Gouveia.
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También está el caso de Anthony Molina, quien fue señalado de cometer un homicidio, ocurrido en Falcón en el año 2017. Además, Consorven y Cecodap refirieron la situación de Edgar Flores, detenido en abril de 2020 en Churuguara (Falcón), por haber ejercido su derecho a la protesta por falta de combustible.
«Él, actualmente se encuentra en libertad, bajo presentación periódica; sin embargo, el caso está paralizado porque aún no se ha presentado acusación ni se ha fijado audiencia”, dijo De Gouveia.
El representante de Consorven agregó que estos casos tienen en común la arbitrariedad en sus detenciones, la vulneración a sus derechos y la omisión de la discapacidad mental por parte de las autoridades, aun cuando están reflejadas y avaladas por informes médicos de cada uno de los acusados. Además de eso, se ignoraron protocolos de detención para garantizar los derechos del adolescente, establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, lamentó los abusos policiales en cada uno de los casos. “Aun cuando haya pruebas suficientes para demostrar la participación de un adolescente en hechos delictivos, los cuerpos policiales, fiscales y jueces deben proteger los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia”.
Además, rechazó este tipo de prácticas y exigió al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como al Ministerio Público “adoptar todas las medidas que sean necesarias para que estos hechos sean sancionados y no se repitan”.
Con información de nota de prensa
