ONG denuncia pena máxima contra tres personas por «falsos positivos» en la frontera
Familiares exigieron a la Defensa Pública que se apele la sentencia contra María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador. También solicitaron al Ministerio Público una revisión técnica de cada uno de los casos vinculados a «falsos positivos» o «tancol»
La organización Surgentes denunció este miércoles la condena a 30 años de prisión contra tres personas que, han asegurado, fueron vinculados erróneamente con organizaciones ligadas al narcoterrorismo colombiano.
María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador fueron detenidos en marzo de 2022 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mientras se encontraban hospedados por diversas razones en un hotel de la ciudad de San Cristóbal (estado Táchira).
El grupo fue procesado por su presunta vinculación con las Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia), un acrónimo inventado por las autoridades para designar a grupos irregulares colombianos que operan en el país, acusados de narcotráfico, violencia y desestabilización.
Nurys Villamizar, madre de los hermanos Domador, declaró a Surgentes que las detenciones se realizaron sin pruebas y ambos hombres fueron víctimas de torturas para forzar confesiones.
«Son falsos positivos de las operaciones contra los Tancol. Necesitaban mostrar números y agarraron a gente inocente, las torturaron para que asumieran delitos que no cometieron, los desaparecieron, no les garantizaron su derecho a la defensa, y ahora los tribunales están condenando a todos a 30 años», afirmó Villamizar.
Surgentes ha contabilizado 67 casos vinculados a «falsos positivos». La mayoría de estas personas, campesinos y trabajadores rurales, fueron arrestadas entre 2021 y 2022 en zonas fronterizas.
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Antes de la sentencia de este martes, ya habían sido condenados a pena máxima otras cuatro personas, identificados por sus familiares como trabajadores del campo: María Gregoria Gómez (cocinera), Luis Silfredo Domínguez, Ángel Eduardo Cañas y Hiller José Bohórquez, trabajadores en una finca.
El grupo de familiares exigió a la Defensa Pública que se apele la sentencia y solicitó al Ministerio Público una revisión técnica de cada uno de los casos vinculados a «falsos positivos» o «tancol».
Por su parte, Surgentes solicitó la revisión de las actuaciones judiciales en cada uno de estos casos. Antonio González Plessmann, co-director de la ONG, planteó la amnistía como vía de resolución:
«Hay distintas vías para comenzar a disminuir los daños que una justicia clasista, que criminaliza la pobreza, ha ocasionado a estas familias. La más adecuada, nos parece, es que sean amnistiados y puedan recuperar libertad plena lo más pronto posible», dijo.
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