Familiares de detenidos como «Tancol» piden amnistía y denuncian montajes ante Defensoría
Familiares de 28 personas acusadas bajo el acrónimo «Tancol» acudieron a Caracas para pedir ante instituciones nacionales que sus allegados sean incluidos en procesos de amnistía. Sostuvieron una reunión con la Defensora del Pueblo y denunciaron que se trata de campesinos y trabajadores judicializados sin pruebas, tras presuntas desapariciones forzadas, torturas y forjamiento de evidencias
Familiares de personas acusadas bajo el acrónimo «Tancol» —usado oficialmente para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos»— se movilizaron desde distintas poblaciones fronterizas hasta Caracas para solicitar ante instancias nacionales de derechos humanos que sus allegados sean incluidos en procesos de amnistía.
El grupo, integrado por familiares de 28 detenidos, acudió el miércoles 29 de abril a la capital y denunció que sus parientes han sido judicializados sin pruebas bajo un esquema que califican como «falsos positivos».
«Nuestros familiares son personas humildes de la frontera, presentadas por cuerpos de seguridad como terroristas solo para llenar cuotas de procedimientos. Son campesinos, ordeñadores y trabajadores a quienes les forjaron pruebas tras ser víctimas de desapariciones forzadas y torturas», señaló Oglis Ramos, hermano de Jhonny Ramos, detenido desde 2021.
Durante la jornada, los familiares fueron recibidos por la defensora del Pueblo, Eglee González Lobato, quien escuchó los testimonios y, según los denunciantes, manifestó disposición a facilitar justicia y adoptar medidas inmediatas en favor de la salud de algunos detenidos.
También acudieron al Ministerio Público, donde fueron recibidos por la directora de Derechos Humanos, Lucrecia Hernández, por instrucciones del fiscal general Larry Devoe. De acuerdo con los familiares, Hernández escuchó los testimonios y se comprometió a revisar cada expediente para corregir posibles irregularidades, además de atender medidas vinculadas con la salud de los privados de libertad.
Entre los casos presentados está el de Erwin Jesús Álvarez Izarra, detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 2 de junio de 2022 en Boca del Guaratarito, estado Barinas, cuando tenía 15 años.
«Erwin fue golpeado y lanzado atado de manos al río varias veces. Estuvo desaparecido cinco días; cuando lo vimos, estaba lleno de morados y nos contó que lo obligaron a grabar un video. Lo condenaron a 10 años por terrorismo siendo apenas un niño que trabajaba como ordeñador», relató Doris Izarra, su abuela.
Nurys Villamizar también denunció el caso de sus hijos, Luis y Richard Domador, detenidos en San Cristóbal el 16 de marzo de 2022. Según su testimonio, ambos estuvieron desaparecidos durante ocho días.
«Los llevaron al río Torbes y los arrodillaron mientras los funcionarios los amenazaban con matarlos. Habitantes de la calle que presenciaron eso comenzaron a gritar para que los soltaran. Los golpearon, los asfixiaron con bolsas, los colgaron por varios días. Los acusan de terroristas y ya el juez les dijo que el 5 de mayo los va a condenar», afirmó Villamizar.
Antonio González Plesmann, integrante del colectivo de derechos humanos Surgentes, dijo que en dos meses han documentado 67 casos similares.
«La gente guardó silencio por cinco años, por temor y por falta de recursos para denunciar. La exclusión por pobreza y por geografía facilitó que fueran utilizados como números por la Dgcim. Hay patrones claros en los casos de falsos positivos Tancol: tortura, desapariciones y forjamiento de pruebas», señaló.
González Plesmann pidió que estas personas no sean excluidas de eventuales medidas de amnistía y que se inicie un proceso de reparación parcial por los daños causados a las familias.
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