ONG critica censo del programa de paz: Trasladan a víctimas la responsabilidad del Estado
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que la creación de registros oficiales de presos políticos, ajustados a estándares constitucionales e internacionales, «es una obligación intransferible de los organismos de justicia». El Programa para la Convivencia y la Paz convocó a familiares para que expongan sus casos y llevar un registro
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) criticó este miércoles el «censo» de casos de presos políticos que adelanta el Programa para la Convivencia y la Paz –creado por el Ejecutivo–, pues traslada a las víctimas responsabilidades que le corresponden al sistema de justicia y al Estado venezolano.
El Programa de Convivencia dispuso los días miércoles y jueves para «atender» a familiares de presos políticos en la sede de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), al este de Caracas. Esto tras una reunión un día antes con diputados, las familias, ex presos políticos y activistas de derechos humanos para exponer sus propuestas al proyecto de ley de amnistía.
JEP indicó que los familiares han expresado su «profunda angustia y zozobra» ante estas convocatorias. «Estas acciones pretenden, una vez más, trasladar a las víctimas la responsabilidad que le es propia al sistema de justicia, revictimizando a quienes ya han soportado durante años el peso de la persecución y la arbitrariedad».
¡Insólito! Entre gallos y medianoche el “Programa de Paz y Convivencia Democrática” convocó al @Celarg para un censo de #presospolíticos donde se registrarían los casos a amnistiar, esto debe ser un proceso serio y organizado, incluso familiares denuncian caos en el proceso y que… pic.twitter.com/1Kc8YMxnlE
— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) February 11, 2026
La oenegé advirtió que la creación de registros oficiales y ajustados a estándares constitucionales e internacionales «es una obligación intransferible de los organismos de justicia».
«Someter a los familiares —quienes ya asumen el costo humano y económico de sostener la alimentación y salud de los prisioneros— a la carga de generar datos bajo la presión de una expectativa de libertad, constituye una instrumentalización del dolor», afirmaron desde Justicia, Encuentro y Perdón.
La organización recordó que «existen barreras de movilidad» entre aquellas familias de bajos recursos y que, además, no residen en el Área Metropolitana de Caracas. Asimismo, considera que se ignora «la realidad de cientos de parientes que hoy se encuentran en el exilio como consecuencia directa de la crisis de derechos humanos en Venezuela».
JEP subrayó que el Estado «posee los expedientes y conoce las causas», por lo que debería aplicarse el Código Orgánico Procesal Penal para las restituciones de libertad, en lugar de que sea un proceso «supeditado a la presencia física o a la capacidad de movilización de las víctimas».
A pesar de la existencia de un correo electrónico ([email protected]) para enviar información, la organización indicó que muchos familiares han expresado su temor «de ser ubicados y ser víctimas de represalias» al denunciar casos particulares.
«A las familias les recordamos que su dolor es legítimo y que no están solas. Nuestra labor de documentación técnica sigue vigente y la información sobre sus casos ya ha sido suministrada a los mecanismos internacionales de protección y a los actores involucrados en la defensa de los derechos humanos», destacó la ONG.
En la jornada de «censo» participaron decenas de personas, algunos de ellos familiares que han pernoctado a las afueras de centros de reclusión desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional anunció «un gran número» de excarcelaciones.
A los familiares les solicitaron los datos y se dejó constancia por escrito de su relato. «Esperamos que esto no quede engavetado, que no se estén burlando de nosotros y que pronto tengamos una respuesta de nuestros familiares. Son 32 gedeones que están desaparecidos, que se encuentran en el fuerte Guaicaipuro porque de allá es que nos han llamado», dijo Maira Morales, hermana de Ricardo Fonseca.
Los 32 condenados por la operación Gedeón, como se conoce al intento de incursión por las costas venezolanas en mayo de 2020, estaban recluidos en el Sebin Helicoide hasta una serie de traslados arbitrarios que se concretaron el 31 de julio, 5 y 10 de agosto de 2025.
Hace dos semanas recibieron una llamada para que pudieran ingresar paquetería, que solo consta de pan y un agua de cinco litros. Hace unos días, los familiares de presos en esta cárcel recibieron otra llamada para que enviaran antibióticos, antimicóticos, jabón de azufre y medicinas para el dolor. «Nosotros no sabemos cómo están, tampoco nos dicen cuándo será la visita», comentó la esposa del primer teniente Willian Paredes, quien tiene condena cumplida pero también fue trasladado a ese penal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
