ONG alertan que reforma de Ley del TSJ no aporta independencia ni voluntad de pluralismo
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) señalan que la reforma a la Ley Orgánica del TSJ no será efectiva si la designación de los magistrados termina siendo dirigida por los diputados afines a la coalición dominante en la AN de Maduro
Un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) emitió un comunicado en el que alertan sobre varios aspectos del proyecto de reforma de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobada, en primera discusión, por la Asamblea Nacional (AN) de Maduro, el pasado 30 de diciembre.
«No es posible garantizar la independencia del Poder Judicial si la designación de magistrados termina siendo dirigida por los diputados afines a la coalición dominante, en el seno de una Asamblea Nacional cuya legitimidad se encuentra cuestionada. Si no se establecen y respetan los procedimientos para la participación plural de otros actores, expertos y organizaciones de la sociedad, poca relevancia práctica tendrá que se designen 20 y no 32 magistrados, o que se aprueben por mayoría simple o calificada», advirtieron el Foro Cívico y otras organizaciones como Acceso a la Justicia, Control Ciudadano, Dale Letra, Provea y Sinergia.
Para las organizaciones, la modificación propuesta para la Ley del TSJ es insuficiente para garantizar a independencia del poder judicial e incumple con su designación plural, como se encuentra expresada en la Constitución de 1999.
La reforma planteada ante la AN de Maduro prevé reducir el número de magistrados del TSJ de 32 a 20, a razón de tres por Sala, excepto la Sala Constitucional que contaría con cinco magistrados. Esto implicará la eliminación de dos magistrados por cada Sala.
Además, la selección de los magistrados por parte de la Asamblea Nacional debe aprobarse obligatoriamente por una mayoría de dos tercios de los diputados y no por mayoría simple. Por otra parte, se propone aumentar el número de personas
que integrarían el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), además de dictar algunas pautas sobre su funcionamiento.
De acuerdo con el artículo 270 de la Constitución, el Comité de Postulaciones es un órgano asesor del poder judicial y estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad.
«Es decir, no es un órgano del poder legislativo -como se establece en la ley actual que se pretende reformar- y por ello no tiene justificación alguna que esté conformado, siquiera parcialmente, por miembros de un poder público como lo es la Asamblea Nacional», señala el Foro Cívico y el resto de las organizaciones.
Según el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del TSJ, el CPJ estará integrado por 15 miembros designados por la Asamblea Nacional, cinco de los cuales serán diputados del Parlamento, en tanto los 10 restantes se seleccionarán entre los que respondan a la convocatoria que realice la Comisión Preliminar, conformada por los mismos cinco diputados, la cual preseleccionará a los candidatos.
Sin embargo, «el Comité de Postulaciones debe formarse solo con actores y expertos de la sociedad. Según el texto constitucional no tiene cabida alguna un órgano intermedio -la Comisión Preliminar- para la selección de los integrantes del Comité de Postulaciones, a su vez conformado por funcionarios públicos. Reiteramos: Este Comité no es un órgano parlamentario y cualquier intento por desnaturalizarlo atenta contra la Constitución».
Las ONG llaman a la que reforma de la Ley del TSJ no sea una oportunidad perdida. «Es necesario que se implementen mecanismos para asegurar que, tal como lo exige la Constitución, este represente a los diferentes sectores de la sociedad y no sólo a quienes convergen con la coalición gobernante, reflejando la voluntad de recuperar la institucionalidad en un marco de verdadero pluralismo político y social en Venezuela», destacan.
Enfatizan que el gobierno de Maduo se comprometió, en su memorando de entendimiento con la Corte Penal Internacional (CPU), a una reforma integral del sistema judicial en el país.
Señalan, en ese sentido, que esta reforma es esencial «para lograr la recuperación del país y el bienestar de los venezolanos, abre una oportunidad para regresar al diálogo y la negociación entre las partes. Edificar las bases de la recuperación del sistema de administración de justicia y la progresiva reinstitucionalización
democrática».
