Sociedad civil exige independencia judicial y garantías técnicas ante reforma del TSJ
19 organizaciones civiles señalan que la renovación del TSJ abre una «oportunidad histórica», pero advierten que solo será creíble si se garantiza un proceso de selección transparente, sin control político y con verificación internacional
Un grupo de 19 organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacional emitieron un comunicado conjunto en respuesta al anuncio de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) y la renovación de la totalidad de sus magistrados.
El 12 de agosto se cerró la primera ronda de diálogo entre los representantes de la administración de Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional de 2015, un proceso que vigila muy de cerca Estados Unidos como «tutor». Entre los acuerdos alcanzados está la reestructuración del máximo tribunal.
Las organizaciones civiles señalaron que reciben con atención este paso al considerar que la falta de independencia del TSJ ha sido un «nudo estructural» y un instrumento para la represión y el deterioro del Estado de derecho en el país.
Asimismo, indicaron que la decisión abre una «oportunidad histórica» para avanzar hacia la reinstitucionalización democrática, siempre que se garantice una independencia judicial real, verificable y sostenida en el tiempo.
«Este anuncio no es un tema nuevo para quienes seguimos de cerca el estado de la justicia en Venezuela. En ese sentido, reafirmamos y hacemos eco de las propuestas que la sociedad civil venezolana ha elaborado a lo largo de los años, así como de las recomendaciones que los mecanismos internacionales han generado sobre esta materia», indica el comunicado conjunto.
Las ONG exigieron un acuerdo político previo con verificación internacional para evitar la interferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de la suspensión inmediata de funcionarios vinculados a violaciones de derechos humanos.
En cuanto a las garantías técnicas para la selección de los magistrados, solicitaron la publicación íntegra del baremo de evaluación exigido por la LOTSJ y el acceso público a los expedientes de los postulados.
También demandaron la conformación de un comité técnico independiente integrado por especialistas nacionales e internacionales, el restablecimiento del rol central de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales y la reconfiguración del Comité de Evaluación del Poder Ciudadano para corregir la actual dominancia parlamentaria.
«Por el papel estructural que ha tenido este tribunal en la represión, la persecución política y demolición progresiva del Estado de derecho, haremos seguimiento y monitoreo cercano de cada etapa de este proceso», asegura la misiva.
El pronunciamiento fue suscrito por Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Caleidoscopio Humano, Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Cepaz, CEJIL, Civilis, Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Defiende Venezuela, Freedom House, DPLF, Ideas por la Democracia, Justicia, Encuentro y Perdón, Lateral Lab, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, WOLA, Provea, RFK Human Rights y Voces de la Memoria.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
