OEA llevará a la CPI informe sobre masacre contra el pueblo pemón
Más de 60 pemones fueron detenidos durante los cinco días que duró la toma de Santa Elena de Uairén en febrero de 2019, “no importaba, sexo, edad o condición de salud, simplemente la acción represiva por sí misma, nunca van a encontrar justicia en el marco del Gobierno de Venezuela”
El viernes 12 de julio el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó que en los siguientes días será llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI) el más reciente informe sobre la masacre ocurrida entre el 22 y el 27 de febrero contra el pueblo pemón en Venezuela.
Aseguró que lo ocurrido durante esa oportunidad fue un nuevo intento de Nicolás Maduro en sacar de su territorio a esta etnia indígena, que ocupa espacios importantes en la zona minera del país.
El alto funcionario de la OEA explicó que el pueblo de La Gran Sabana en el estado Bolívar fue víctima de una “represión sistemática” por parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad, lo que causó persecuciones, muertes y desplazamientos forzados.
Durante la conferencia de prensa “Crímenes Internacionales en Venezuela”, Almagro dijo que esta decisión de arremeter contra el pueblo Pemón “fortalece la lógica de operatividad criminal en esas comunidades”.
El representante de la OEA detalló que ante la CPI será llevado no solo este informe sino declaraciones de testigos y evidencias sobre lo ocurrido en el mes de febrero contra una de las poblaciones indígenas más grandes de Venezuela.
Aseguró que en el marco del intento de la Asamblea Nacional venezolana por ingresar la ayuda humanitaria, Maduro y su cúpula aprovecharon la oportunidad para “fortalecer su lógica de operatividad criminal en esas comunidades, esa dimensión de trabajo que les permite la explotación minería ilegal, el narcotráfico y las acciones de extorsión y contrabando”.
Recordemos que durante esos días la comunidad pemón del estado Bolívar se vio tomada por más de cinco mil efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes causaron terror entre los habitantes del lugar.
Durante esos días fueron asesinados cinco indígenas de la etnia pemón, en lo que fue una arremetida del Gobierno “con motivo del anuncio por parte de Juan Guaidó de introducir al país la ayuda humanitaria suministrada por distintas naciones a través de varios puntos fronterizos del país”.
El informe explicó que “las comunidades fronterizas con Brasil se prepararon para recibir dicha ayuda, ya que viven la desidia y el desgobierno, día a día. Ante este anuncio, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el despliegue de por lo menos 5000 efectivos militares y civiles traídos de zonas foráneas para reprimir, bajo órdenes de una cadena de mando que incluía a un ministro de gobierno, dos gobernadores, un Mayor General, dos Generales de División, dos Generales de Brigada, cuatro Coroneles, y dos comandantes, lo que indicaba la importancia que para Maduro tenía controlar cualquier manifestación de apoyo a la entrada de la ayuda humanitaria”.
Almagro denunció que durante estos días, hombres, mujeres y niños indefensos fueron asediados no solo por efectivos de los cuerpos de seguridad, sino por grupos armados afectos a la administración de Maduro.
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Más de 60 indígenas fueron detenidos entonces “no importaba, sexo, edad o condición de salud, simplemente la acción represiva por sí misma, nunca van a encontrar justicia en el marco del Gobierno de Venezuela”.
Muchos fueron los heridos, trasladados a los centros de salud, donde “fueron a buscarlos… para ser asesinados o metidos presos”.
Meses después más de 1.200 pemones se vieron en la obligación de desplazarse de su territorio, muchos huyeron a la comunidad fronteriza de Roraima en Brasil.
En el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se denuncia que los pueblos indígenas son parte de la población más afectada por la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela, y que el abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad y la política unilateral de Nicolás Maduro hacia los países vecinos, han traído graves consecuencias a estos pobladores.
El documento expresa que acciones como la militarización de tierras y recursos tradicionales de las poblaciones indígenas han provocado una ola de “violencia e inseguridad en sus territorios”, todo esto durante los últimos años.
