OEA: Diosdado Cabello y Calixto Ortega son promotores de crímenes de lesa humanidad
El panel de expertos de la OEA reiteró la solicitud al fiscal Karim Khan que centre parte de sus investigaciones «en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad»
El panel independiente de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en el país afirmó este martes 16 de mayo que las reformas institucionales son «en gran medida superficiales» y protegen a los responsables ante la justicia nacional e internacional, «perpetuando así la impunidad al más alto nivel».
Para los expertos de la OEA, hay dos casos ilustrativos donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional.
El primero de ellos es Calixto Ortega, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y actual embajador de Venezuela ante los Países Bajos y jefe de la misión diplomática ante la Corte Penal Internacional. El panel de expertos documentó su participación en la persecución política y arresto de dirigentes como Juan Requesens y Gilber Caro.
El segundo es Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente de la «Comisión de la Revolución Judicial», a quien los expertos de la OEA consideran como «una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del Sebin, González López, quien de facto dependía de él».
*Lea también: ONG denuncian la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres ante la Cedaw
Durante una rueda de prensa, el abogado Santiago Cantón, jefe del panel de expertos, señaló que «en lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad. Este informe evidencia con casos concretos cómo el gobierno de Venezuela está garantizando la impunidad».
El informe señaló que hay «una falta sistemática de voluntad política» para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas sobre su participación en presuntos crímenes de lesa humanidad, que actualmente están bajo revisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Los expertos de la OEA consideran que las reformas institucionales y judiciales llevadas a cabo:
- Erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica
- No establece mecanismos eficaces y viables de rendición de cuentas para llevar a los presuntos responsables ante la justicia
- Sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes
La abogada Joanna Frivet aseguró que para las víctimas venezolanas «sigue existiendo en un vacío legal sin derechos sustantivos a reparaciones».
Además, el panel de expertos de la OEA reiteró la solicitud al fiscal Karim Khan que centre parte de sus investigaciones «en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad».
También se instó a los Estados Partes en el Estatuto de Roma que soliciten la apertura efectiva de una investigación sobre la situación venezolana.
El 29 de mayo de 2018, el Panel emitió su primer informe, donde se indicó una base razonable para considerar que los actos perpetrados contra la población civil de Venezuela, desde al menos el 12 de febrero de 2014, pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma. Estos actos incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas.
