Nueve presos políticos del caso Cotiza inician huelga de hambre por redención de pena
Los presos del caso Cotiza denuncian que la Corte Marcial les negó el derecho a redención de pena, a la que podrían acceder nueve de ellos, porque son un «caso especial», según les dijo la capitán Carmen Victoria Jaspe, jueza del Tribunal Primero de Ejecución. En el caso de Luis Bandres, la apelación de su condena se encuentra en la Sala de Casación Penal
Nueve presos políticos condenados por el alzamiento militar de Cotiza iniciaron una huelga de hambre la mañana de este lunes 9 de octubre para exigir que los tribunales atiendan su solicitud de redención de pena.
Los sargentos de la Guardia Nacional en huelga de hambre dentro del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) Los Teques, mejor conocida como la cárcel de Ramo Verde, son: Geomar Martínez Natera, Rico Urrieta, Andrés Paredes, Asdrúbal Chirinos, Hebert Glok Vásquez, Yeiser Montero Yeiser, Kervin Manuel Charles, Neomar Salcedo y Edgar Díaz Vivenes. El sargento Luis Bandres Figueroa manifestó su apoyo a los huelguistas.
El grupo denuncia que la Corte Marcial les negó el derecho a redención de pena porque son un «caso especial», según les dijo la capitán Carmen Victoria Jaspe, jueza del Tribunal Primero de Ejecución. En el caso de Luis Bandres, la apelación de su condena se encuentra en la Sala de Casación Penal.
Los familiares de este grupo solitaron a la Fiscalía General que intecerda y revise las solicitudes de los militares, y se garantice sus derechos fundamentales dentro de la cárcel de Ramo Verde. Comentaron que el grupo en huelga espera reunirse con el general Luis Ojeda Araujo, director del Servicio Penitenciario Militar (Dispemil) para entregarle unos documentos donde se denuncia la falta de atención por parte de los tribunales.
En junio del año pasado, 23 sargentos involucrados en la sublevación militar en Cotiza –ocurrida en enero de 2019– fueron condenados a penas de siete años y nueves meses; mientras que el sargento Luis Bandres, a quien se identificó como el cabecilla del alzamiento, se le impuso una pena de 15 años y nueve meses de prisión por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional y ultraje a la Fuerza Armada.
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El pasado 25 de septiembre, el sargento Alberto Piñango Salas inició una huelga de hambre, que levantó ese mismo día, para exigir su traslado inmediato a un centro de salud. El preso político fue llevado al hospitar militar, donde se le diagnosticó una fractura en el disco 4 de su columna. Su madre solicitó a las autoridades que lo liberen por medidas humanitarias.
