El Estado no da respuesta efectiva a casos de vulneración de derechos de la niñez
Cada 20 de noviembre se conmemora el Día de los Derechos del Niño, una fecha que recuerda a los gobiernos del mundo su obligación y deber de velar por los derechos económicos, culturales y político que tiene cada uno de ellos. El Estado venezolano en particular, que se suscribió a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1990, aún tiene que saldar una deuda histórica y mayormente política
Entre 2017 y 2019 fallecieron de forma violenta 917 niños en Venezuela. En 2020, pese a que ese número se redujo a 33, tras la llegada de la pandemia por coronavirus, las prácticas de violencia en contra de este grupo etario se hizo más recurrente, pues no solo quedaron -los niños- encerrados con el agresor, sino que también perdieron a la escuela como espacio seguro y de posible identificación de niños víctimas de maltrato.
En 2020, el 40,55% de los 507 casos en los que intervino la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) estuvo asociado a situaciones de castigo físico, abuso sexual en contra de la población infantil. Con base en ese total de expedientes, la asociación civil defensora de los derechos del niño, niña y adolescentes, determinó que no fueron atendidos seis de cada 10 casos remitidos al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, al Ministerio Público y a otros entes nacionales.
En el foro de TalCual «Niñez en pandemia, encerrados con el agresor y sin la escuela», Fernando Pereira, fundador de esa asociación civil, denunció que en los órganos oficiales no dan respuesta efectiva a los casos de vulneraciones de derechos de la niñez y que por tanto las organizaciones de la sociedad civil son las que han asumido la tarea de brindar ayuda psicológica y asesoramiento legal a las familias en donde hay maltrato.
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«Hay organizaciones que hacemos esfuerzos, con limitados recursos, para tratar de alguna manera dar respuesta a esta realidad compleja (…) La pandemia ha dejado al desnudo el proceso de desinstitucionalización. Tenemos un aumento progresivo de los problemas, pero la capacidad de que los niños sean atendidos y las instituciones respondan las denuncias es baja. Necesitamos que el sistema de protección de niño pueda actuar de manera preventiva, que dé la atención primaria cuando los casos se presentan», comentó.
En ese sentido, Carla Serrano, secretaria general de la Red por los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes (Rednna), señaló que los grupos sin fines de lucro están trabajando solos debido a que el Estado venezolano —actor clave en el proceso de la erradicación de la violencia que sufren los infantes— está ausente. No existen cifras oficiales que permitan conocer la magnitud real del problema, del cual, hasta ahora, se saben las dimensiones gracias a las labores que realiza la academia.
«No sabemos cuáles muertes son por enfermedades, por violencia, por fuerza policial, etc, porque no hay cifras desagregadas. Tenemos una carga muy pesada porque hacer investigaciones no es sencillo ni económico. Tampoco lo es hacer trabajo de sensibilización. Necesitamos que las alcaldías entiendan la responsabilidad que tienen para la garantía de derechos humanos de niños», señaló la socióloga jurídica.
Profesionalizar la materia de derechos de infancia y adolescencia y no darle cabida a la improvisación con designaciones de funcionarios no instruidos en el tema es una de los primeros pasos que debería darse para hacerle frente a la crisis que enfrentan los niños venezolanos, según la activista Serrano, quien criticó la centralización de funciones del gobierno y consideró que ha sido la causante retrasos y bajas tasas de atención a los casos de vulneraciones de derechos de la infancia
¿A qué órganos les compete darle solución a este problema?
Para el profesor Pereira, la responsabilidad de garantizarle a cada niño sus derechos corresponde a los gobernantes de todos los niveles. Sin embargo, hay algunos que tienen ciertas competencias de mayor relevancia que a veces quedan desdibujadas en medio de la politiquería.
«¿Los alcaldes saben cuántos niños en su territorio están en estos momentos fuera del sistema educativo? ¿Saben cuántos están en situación de calle o cuántos fueron dejados atrás por la migración?», se cuestionó.
Ante ese escenario, Gloriana Faría, expresidenta del Consejo de Derechos de Niñas y Adolescentes de Chacao, comentó que los concejales tienen la facultad de aprobar planes y presupuesto en materia de derechos de la niñez, por lo que su función es hacer un diagnóstico acerca de las condiciones de vida de los niños que habitan bajo su área de control, para así poder elaborar planes de atención, en concordancia con la realidad en que viven.
«A veces en las memorias y cuenta hay colchones y pintacaritas y esa no es la prioridad de los niños y niñas en los municipios. Hay niños en las calles, o que no están en la escuela. El papel de los concejos municipales es fundamental en la difusión de la ley. Hay que ir a las escuelas, trabajar con los docentes para que sepan a donde acudir cuando hay una situación de maltrato intrafamiliar, de bullying», explicó.
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