Nicaragua cierra la Universidad Rubén Darío y ordena decomisar sus bienes
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua ordenó a las autoridades de la Universidad Rubén Darío entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico para reubicarlos
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, cerró este miércoles 29 de marzo y ordenó decomisar los bienes muebles e inmuebles de la universidad privada Rubén Darío, con lo que se elevan a 22 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.
El centro de estudio cancelado es la Universidad Rubén Darío, con sede en Diriamba, departamento de Carazo (Pacífico), inscrito como organismo sin fines de lucro el 19 de noviembre de 2011, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, explicó que disolvió esa universidad a petición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que resolvieron que ese centro de estudio, que funcionaba desde el 13 de enero de 2011, no ha cumplido con la acreditación de los mínimos de calidad.
Además está en incumplimiento de sus obligaciones conforme Ley, ya que no reportaron sus estados financieros por cuatro años (2019 al 2022) y su junta directiva está vencida desde el 18 de abril de 2022, indicó Gobernación.
Ordenan entrega expedita y ordenada
El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de la universidad cancelada entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.
La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista y a petición del Ejecutivo, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
Los otros ocho centros de estudios han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.
En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.
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Con información de EFE
