«Necesitamos liberaciones»: familias de presos políticos exigen acciones a la Defensoría
La Defensoría del Pueblo afirmó que instalaron una comisión para casos que califican de «especiales», entre ellos los de presos políticos y situaciones de violaciones de derechos humanos en cárceles. «En dos semanas ya hemos recibido más de 200 casos especiales que estamos atendiendo»
Familiares y activistas del Comité por la Libertad de Presos Políticos exigieron a la Defensoría del Pueblo que ofrezca respuestas inmediatas a sus denuncias sobre torturas y tratos crueles dentro de las cárceles, así como la situación de personas desaparecidas y la discrecionalidad de la Ley de Amnistía.
Massiel Cordones, familiar del teniente José Ángel Barreno, recordó que hace 19 días les recibieron un documento exponiendo la situación dentro de diversas cárceles, pero no han obtenido respuestas. «La arremetida contra los presos políticos continúa, la violación contra ellos continúa».
Expuso la situación de los presos políticos en la cárcel del Rodeo I, donde cinco resultaron afectados por gases lacrimógenos utilizados por los custodios para sofocar una protesta de presos políticos extranjeros. Cordones denunció que, como represalia, las autoridades de la prisión suspendieron visitas, impusieron castigos a varios de los detenidos y tampoco se permitió atención médica a los afectados.
Comentó además que este tipo de «torturas» se viven en otras cárceles como el fuerte Guaicaipuro, el complejo penitenciario de Yare y el Sebin Helicoide.
Hiowanka Ávila expresó, por su parte, que «tener a un familiar detenido en estas condiciones es muy fuerte, es necesario el respeto a los derechos humanos de los nuestros, que haya respuesta y garantías».
Recordó que un grupo de familiares se encuentra desde hace 116 días a las afueras del Rodeo I esperando liberaciones, bajo condiciones que los han deteriorado física y mentalmente. «116 días en que nos sentimos engañados y manipulados por el Estado bajo la Ley de Amnistía (…) Todavía quedan más de 500 presos políticos esperando por su libertad».
Actualmente hay 30 personas pernoctando en El Rodeo I, luego de que se registraran más de 100. Ávila denunció que diariamente les envían funcionarios de la Dgcim, vestidos de civil, para que graben sus conversaciones, les tomen fotos y vídeos.
«Estamos allí, resistiendo de manera rotativa para mantener el campamento porque no nos vamos a ir de ahí. No vamos a abandonar, a pesar de la injusticia, a pesar de que estamos cansados», afirmó.
La falta de respuestas, señaló Ávila, también proviene de la comisión parlamentaria de seguimiento a la amnistía. «Entregamos un documento, hablamos con estos diputados y quedaron en darnos respuestas, pero guardan silencio. Ellos son sordos a nuestras peticiones y hacen las cosas a conveniencia de ellos, no bajo las leyes. No creemos realmente en el Estado porque nos han mentido muchísimas veces».
«Lo que necesitamos los familiares es ver acciones contundentes de liberaciones. Dentro de las cárceles hay personas con pena cumplida, hay mujeres mayores de 70 años, hay presos políticos con grave estado de salud que no están siendo atendido por médicos especializados ¿Hasta cuándo nos van a seguir engañando? (…) Necesitamos liberaciones, y que no sean condicionadas», sentenció.
Defensoría atenderá «casos especiales»
Ignacio Da Costa, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, se acercó a los manifestantes para recibir la denuncia y afirmó que instalaron una comisión para casos que califican de «especiales», entre ellos los de presos políticos y situaciones de violaciones de derechos humanos en cárceles. «En dos semanas ya hemos recibido más de 200 casos especiales que estamos atendiendo».
Aseguró que la Defensoría está tratando cada caso de forma individual, «por lo que no podemos tratar los casos de forma colectiva porque todos tienen su particularidad. Por ello todos van a tener a sus defensores delegados y asignados en cada caso».
Asimismo, Da Costa indicó que gracias a la comunicación con el Ministerio del Servicio Penitenciario, funcionarios de la institución han logrado ingresar en varias cárceles del país. «Estamos tratando de atender los casos de forma global».
También señaló que esperan una pronta reunión entre ambas instituciones para avanzar en la revisión de estas denuncias.
Tras la reunión, la activista Sairam Rivas comentó que expusieron las denuncias de torturas y malos tratos en distintas cárceles del país, así como la situación de desapariciones forzadas y la falta de respuestas del organismo ante los reclamos de los familiares.
«Ellos se comprometieron a hacer reuniones con los familiares por distintos centros de detención, se comprometieron con el Comité y esperemos que de esa manera cumplan con su palabra», destacó Rivas, al tiempo que dijo que no hay una fecha definida para el inicio de estos encuentros.
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Hethel Sepúlveda, esposa de Javier Giraldo, un colombo-venezolano condenado a 30 años de prisión por una supuesta conspiración. Está detenido desde el 7 de septiembre de 2021, cuando funcionarios de la Dgcim llegaron hasta su casa en San Cristóbal (estado Táchira) y le pidieron acompañarlo a una «corroboración».
«Él está deprimido, las condiciones en esa cárcel (El Rodeo III) son terribles», comentó Sepúlveda, quien exigió respuestas a a la Defensoría sobre todas las comunicaciones y peticiones que ha hecho en estos meses.
Ella tuvo que huir con sus hijos «por miedo», pero regresó al país con la esperanza de una libertad vía amnistía para su esposo, quien tiene 70 años. En tribunales le dijeron que «está en presidencia, no sabemos cuál, pero tampoco nos dan respuestas».
Hace 10 meses, la jueza del caso condenó a Giraldo a pena máxima por los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración con gobierno extranjero; sin embargo, no ha podido apelar porque la sentencia no ha sido publicada. Tampoco ha tenido asistencia consular dentro de El Rodeo III, donde se encuentra detenido y no recibe visitas porque Giraldo se declaró «sin familia».
«El embajador ha querido hacer visita consular y no ha podido. No se los han permitido, no sabemos por qué. Queremos que nos den respuestas. Yo quiero hechos», sentenció.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
