Murillo: Migrantes entran en nuevo ciclo de vulnerabilidad con eliminación del parole
En opinión del defensor de los derechos humanos, quitar el estatus legal a los inmigrantes atenta contra sus derechos fundamentales y los expone a situaciones de riesgo, ya que la «mayoría sigue buscando un refugio seguro y oportunidades», precisó
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, expresó su rechazo a la eliminación del parole humanitario anunciado por la administración de Donald Trump este viernes 21 de marzo.
«Medidas como estas hacen añicos el Principio de no devolución, forzando la salida de cientos de miles de migrantes venezolanos quienes entrarán en un nuevo ciclo de vulnerabilidad e inestabilidad familiar», publicó en un mensaje en su cuenta en la red social X.
En opinión del defensor de los derechos humanos, quitar el estatus legal a los inmigrantes atenta contra sus derechos fundamentales y los expone a situaciones de riesgo, ya que la «mayoría sigue buscando un refugio seguro y oportunidades», precisó.
Alertó que las causas estructurales de la oleada migratoria persisten en Venezuela, por lo que es necesario resaltar el Principio de no devolución. En este sentido, se refirió a «un modelo político, abiertamente, antidemocrático y la emergencia humanitaria compleja que es resultado del primero».
El principio de no devolución (non-refoulement) está establecido en la Convención Americana y establece que «en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas».
Este viernes 21, la administración Trump puso fin al programa de «parole humanitario» que permitió la entrada legal de más de 531.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida obliga a quienes no hayan ajustado su estatus migratorio a abandonar el país antes de que expire su permiso a finales de abril.
En el caso de los venezolanos, la decisión pone en riesgo la estabilidad de más de 120.700 connacionales en Estados Unidos, quienes ahora enfrentan la posibilidad de deportación.
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