MP asegura que El Salvador niega cooperación sobre migrantes venezolanos detenidos
El Ministerio Público venezolano calificó como una «maniobra dilatoria y evasiva» la respuesta recibida por la Corte Suprema de El Salvador sobre la situación de los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos. El grupo de migrantes se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad
El Ministerio Público calificó este lunes 23 de «vergonzosa» la respuesta recibida por la Corte Suprema de El Salvador sobre la situación de los 252 migrantes venezolanos detenidos por Estados Unidos y deportados a una cárcel de máxima seguridad de ese país, al tiempo que señaló que se niega «toda cooperación» con Venezuela sobre el caso.
En un comunicado, publicado en su cuenta de Instagram, el fiscal Tarek William Saab afirmó que el Estado salvadoreño «ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos».
Indicó que la respuesta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, obtenida «vía correo electrónico, más de 80 días después», es una «maniobra dilatoria y evasiva».
El fiscal general afirmó que esta Corte pretende «desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos» deportados por Estados Unidos el pasado 15 de marzo y que, desde entonces, se encuentran detenidos en ese país sin posibilidad de recibir visitas de abogados o familiares.
La Corte Suprema, según el MP venezolano, declaró «improcedente» su petición para conocer los nombres, lugar de reclusión y bajo qué estatus legal se encuentran los 252 venezolanos en El Salvador, bajo el alegato de que la comunicación enviada «no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados».
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Respecto a la solicitud de habeas corpus, hecha por un grupo de abogados que representan a las víctimas, el fiscal Saab dijo que la Corte salvadoreña respondió que no se proporcionó «información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales».
El funcionario venezolano dijo que estas respuestas son «formalismos falaces y exigencias desproporcionadas» para «evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad».
«Al pedirles a los defensores que especifiquen si realmente los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al CECOT en medio de un espectáculo mediático, la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica», afirmó el fiscal general.
Además, dijo que la institución que dirige no aceptará las violaciones a los derechos humanos que, aseguró, han sido víctimas los venezolanos por parte de los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, y entre las que listó «detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están».
«No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales», sentenció el fiscal en su escrito.
Por otra parte, Saab dijo que han entrevistado a 116 familiares de 118 venezolanos detenidos en El Salvador, al tiempo que indicó estar dispuesto a entregar dicho material a los abogados que ejercen la defensa de estos migrantes o al propio sistema de justicia salvadoreño «si está dispuesto a escucharlos».
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