MP acusa a CPI de «doble moral» por investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El fiscal general denunció que el Ministerio Público suministró a la CPI diversos informes con detalles específicos de los casos que figuran en la investigación, pero solo 20% del material fue revisado
El Ministerio Público (MP) manifestó formalmente su rechazo con respecto a la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), que decidió dar continuidad a la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, rechazando así una apelación hecha por la administración de Nicolás Maduro.
Mediante la vocería del fiscal general, Tarek William Saab, el gobierno venezolano acusó a la CPI de mostrar «doble moral» por no investigar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Franja de Gaza. Su discurso se centró en mencionar diversas masacres que no fueron objeto de investigación por parte del organismo.
«El Ministerio Público, con argumentos, cifras y resultados, presenta su rechazo a esta decisión de la CPI. Trabajaremos de manera justa, protegiendo el pueblo de Venezuela, pero también desenmascarando estas acciones de doble moral», afirmó.
El funcionario, quien fue impuesto por la ilegítima y extinta asamblea constituyente, denunció además que el Ministerio Público suministró diversos informes con detalles específicos de los casos que figuran en la investigación, pero solo 20% del material fue revisado.
«Hemos conocido que la Sala de Cuestiones Preliminares apenas revisó 20% de la información suministrada ¿Para qué se hace un Estado parte del Estatuto de Roma? ¿Para que no te lean y no tomen en cuenta lo que dices? Es una ofensa al memorando firmado entre la CPI y Venezuela, y también al Estatuto de Roma», exclamó Saab.
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De igual manera, apuntó en contra de los casos que sustentan la investigación, bajo el argumento de que, en muchos casos, los denunciantes no tenían identificación y la mayoría de las presuntas violaciones eran extraídas de cuentas anónimas en redes sociales. Incluso desestimó las acusaciones de abusos sexuales o de detenciones arbitrarias, afirmando que se utilizaron situaciones en las que funcionarios policiales «tocaron por la espalda» a ciudadanas o en las cuales se hicieron detenciones momentáneas en aceras.
«Se inventan historias y captan denuncias falsas, vistas en redes y sin denunciantes. Hay casos de supuesto ultraje sexual donde a una joven le tocaron la espalda o la mano y lo colocan como delito de violencia sexual. Con las detenciones arbitrarias, cuentan situaciones en las que personas han sido colocadas en aceras durante operativos contra la violencia callejera para decir que hay centenares de detenidos arbitrariamente», aseveró.
El fiscal recalcó que el Ministerio Público ha «mostrado su compromiso con la defensa de los derechos humanos», con el alegato de que, desde 2017, han sido imputados 2.313 presuntos culpables de violaciones de derechos humanos, de los 2.668 acusados; mientras que 993 han sido privadas de libertad y 555 han recibido condenas definitivas, un trabajo que, afirma, ha disminuido estos delitos en el país.
«Este esfuerzo se ha reflejado en la disminución significativa de las denuncias sobre violación de derechos humanos. Entre 2018 y 2023, las denuncias disminuyeron 33%», insistió.
Apenas horas antes de las palabras de Saab, la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) publicaba un informe que registraba 97 ataques contra defensores de derechos humanos por parte de organismos estatales tan solo en enero de 2024, una cifra que parece poner en tela de juicio esta supuesta reducción de violaciones bajo la gestión del fiscal.
A pesar de sus quejas y el rechazo contundente que expresó, Saab dejó claro que Venezuela seguirá cooperando con la CPI porque es «respetuosa de la verdadera justicia internacional» y destacó que la administración de Nicolás Maduro siempre ha colaborado con el organismo.
