Militares presos son castigados por denunciar torturas a equipo de Bachelet
El comisionado Humberto Prado afirmó que «hay una metodología para torturar a los militares en Venezuela», que también ha incidido en las denuncias de los propios afectados y sus familiares
La comisión del gobierno interino para los derechos humanos y atención a la víctimas presentó el jueves 10 de diciembre un informe donde se detalla las torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes a los que son sometidos los militares detenidos por razones políticas en el país.
Durante la presentación del informe, el comisionado Humberto Prado indicó que lograron documentar en detalle los casos de 22 militares que se encuentran actualmente privados de libertad, y cuyas causas han sido asociadas a razones polítcas. De estos, tres de ellos fueron castigados por dar información a los equipos de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet.
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«Cada uno de ellos fue forzado bajo tortura física y mental por el simple hecho de alzar su voz. Las arbitrariedades continuan. No han recibido atención médica desde el inicio de la cuarentena, se han restringido visitas a familiares, han sido castigados por dar información», aseveró Prado.
Además, la comisión destacó que algunos jueces, fiscales, defensores públicos y médicos forenses han intervenido de una forma u otra para intentar encubrir las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los militares presos.
La Comisión Presidencial para los #DDHH documentó a través del informe «Relatos de tortura: la realidad silenciosa de los militares privados de libertad», los vejámenes sufridos por 22 militares arbitrariamente privados de libertad #MilitaresBajoTortura pic.twitter.com/24GFYTBB6k
— ComisionadoDDHH (@ComisionadoDDHH) December 11, 2020
Por ello, solicitaron al equipo de Bachelet en el país a tener mecanismos eficientes de protección para todas aquellas personas que rinden declaraciones sobre violaciones a los derechos humanos en el país, en especial los que se encuentran presos, así como las organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo. «Le hemos hecho el reclamo a las personas que representan a la Alta Comisionada en el país», dijo el comisionado.
«Metodología para torturar militares»
En el informe de 128 páginas emitido por la comisión se detallan los métodos usados por los cuerpos de seguridad, principalmente el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), para torturar o infligir tratos crueles, inhumanos o degradantes a los militares presos.
Los 22 casos investigados por la comisión están relacionados a las causas del llamado Golpe Azul, Francotiradores, Paramacay II, Armagedon, entre otros. «Muchos presentan cuadros de desnutrición, depresión hasta el punto de pensamientos suicidas», mencionó Daniela Suárez, del equipo legal de la comisión, además de registar un militar fallecido por torturas.
El comisionado Prado afirmó que «hay una metodología para torturar a los militares en Venezuela», que también ha incidido en las denuncias de los propios afectados y sus familiares, por temor a represalias. Además, en la mayoría de los casos «no ha habido enjuiciamiento, por lo que hay impunidad».
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La comisión logró confirmar ocho lugares de tortura repartidos entre las sedes del Cenapromil (conocido como la cárcel de Ramo Verde, Miranda), y las sedes del Sebin y Dgcim en Caracas. También registraron seis centros clandestinos que menciona tanto la Alta Comisionada Bachelet como la Misión de Determinación de Hechos en sus informes este año.
En al menos ochos, los equipos legales de los militares detenidos presentaron denuncias ante el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Corte Marcial, pero todas las respuestas fueron negativas para procesar sus alegatos de tortura.
«En cuatro señalaron de forma directa que no iban a dar trámite porque no iban a recibir denuncias de terroristas, o que no podían ser confirmadas de forma directa», señaló la comisión. En el resto de los casos se obvió la denuncia, pues los familiares alegaron que no podían confiar en que la justicia venezolana tramitara estos casos.
