Corte IDH declara responsable a Venezuela por torturas y ordena cierre del Helicoide
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las agresiones bajo custodia hacia Jorge Rojas Riera, detenido en septiembre de 2023, no fueron investigadas y dictaminó afectaciones al proyecto de vida de la víctima y de su madre. El fallo también incluye otra disposición fundamental: el cierre definitivo del centro de detención El Helicoide
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este miércoles 10 de junio la sentencia del caso Rojas Riera en la cual declaró la responsabilidad internacional de Venezuela por la violación de múltiples derechos fundamentales, entre ellos la prohibición de la tortura, la libertad personal y la libertad de expresión, en perjuicio del ciudadano Jorge Rojas Riera y su madre, Jackeline Riera Pietri.
De acuerdo con el dictamen, el Estado venezolano es responsable de restringir la participación de Rojas Riera en una manifestación pacífica, así como sus derechos a la libertad de pensamiento, expresión y participación política.
La Corte IDH señaló que estas violaciones se materializaron a través de una detención calificada como ilegal, ejecutada el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, durante un procedimiento policial desplegado por funcionarios de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
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El fallo judicial determina de manera categórica que los agentes de seguridad estatales perpetraron actos de tortura en contra de Jorge Rojas Riera mientras este se encontraba bajo la custodia del Estado.
La resolución precisa que los tratos crueles se cometieron durante el periodo de reclusión de la víctima dentro de las instalaciones del centro de detención El Helicoide, en Caracas, y destaca que las denuncias correspondientes a estos hechos no fueron objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales venezolanas.
La Corte estableció la responsabilidad del Estado por los sufrimientos psicológicos y morales padecidos por la madre de la víctima, Jackeline Riera Pietri, a raíz de la persecución institucional.
El tribunal interamericano concluyó que las acciones punitivas de los cuerpos de inteligencia generaron afectaciones directas y severas al proyecto de vida tanto de Rojas Riera como de su progenitora, por lo que la sentencia fija una serie de medidas de reparación como la obligación de reabrir la investigación penal contra los autores materiales de las torturas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, diseñar un protocolo especializado para que los jueces, fiscales y otros operadores de justicia investiguen estos delitos.
Corte IDH sobre El Helicoide
El fallo de la Corte Interamericana también incluye otra disposición fundamental: el cierre definitivo del centro de detención El Helicoide.
La Corte IDH determinó que la reclusión de civiles en instalaciones controladas por agencias de inteligencia –antiguamente la Disip y en la actualidad el Sebin– «resulta incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
En la sentencia se alegó que estos recintos operan bajo una estructura de opacidad institucional, discrecionalidad absoluta y falta de control judicial efectivo, factores que propician y facilitan la comisión de crímenes graves contra la integridad física de las personas privadas de libertad.
El tribunal recordó además que, en fallos previos como los casos Díaz Peña y Guevara Rodríguez, ya se había decretado que El Helicoide carece de las condiciones materiales mínimas para albergar seres humanos, por lo que el simple confinamiento en el lugar equivale a un trato cruel e inhumano.
La sentencia también incluye una medida de reparación directa sobre Rojas relacionada a este recinto, que según las autoridades estadounidenses «está cerrado», como la creación y mantenimiento de un registro oficial, centralizado y actualizado de denuncias, investigaciones y medidas adoptadas en relación con torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes presuntamente perpetrados en «El Helicoide».
El pasado 3 de junio se registraron traslados del Helicoide hacia otros centros de reclusión como las cárceles de Tocuyito (Carabobo), La Planta (Distrito Capital), Yare II y el Internado Judicial Rodeo I (estado Miranda). Esto luego de una declaración del secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que ese lugar «estaba cerrado».
Pero organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han señalado que «vaciar celdas no es cerrar un centro de tortura. Trasladar presos no desmonta una política de represión».
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