Migratorieritis aguda, por Juan Vicente Gómez
Autor: Juan Vicente Gómez
El éxodo masivo de venezolanos que escapan a las precarias condiciones en las que se encuentra el país produjo esta semana sendos pronunciamientos de la ONU y la OEA que reflejan la magnitud del problema migratorio, espejo a su vez de la aguda crisis general que atraviesa nuestra nación.
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Venezuela, Julio Roberto Meier, reiteró este lunes el exhorto a los países receptores de venezolanos a garantizar los derechos básicos a los venezolanos en el exterior. Esta medida causó confusión en ciertos sectores, ya que se mal interpretó que concedía el estatus de “refugiados” a los migrantes, una aspiración de muchos aún no decretada por Acnur.
El espaldarazo de la OEA no tardó en llegar, el miércoles, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a los países americanos a que implementen medidas que permitan a los venezolanos desplazados acceder a sus territorios de manera segura y con garantías. Ese organismo solicitó a los estados el desarrollo de una batería de medidas que faciliten la entrada, integración y regularización en los países de la región de la población venezolana forzada a salir de su país, según recogió una resolución del órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos firmada en Bogotá.
La resolución monográfica cita como causantes de este reclamo la «grave crisis política, económica y social que ha sufrido Venezuela durante los últimos años», que tiene «impactos particulares» en ámbitos como «la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la libertad de circulación o la protección judicial». Según reza el documento, la CIDH considera que «las violaciones masivas de los derechos humanos», unidos a la crisis alimentaria y sanitaria, han conllevado un crecimiento «exponencial de cientos de miles de venezolanos forzados a migrar a otros países de la región.”
Es complicado conocer las cifras exactas de la diáspora pero frecuentemente escuchamos en medios audiovisuales que más de 3 millones de venezolanos ya se encuentran fuera de nuestras fronteras según estadísticas conservadoras. Ese rango fácilmente sobrepasa los 4 millones en análisis más flexibles y ni hablar de las intenciones de salir del país donde el tema del “Plan B” es una constante en conversaciones familiares y profesionales a todos los niveles.
Acnur cifra en 133.574 el número de solicitudes de asilo protagonizadas por venezolanos, pero sin embargo reconoce que “la escasez de canales legales y seguros ha provocado que muchas personas recurra a corredores clandestinos para abandonar el país». En ese punto entran en juego todo tipo de mafias, chantajes y sobornos, una inclemente fauna que se alimenta de las víctimas más frágiles que huyen improvisadamente.
Otro de los mecanismos perversos que queda al descubierto con las migraciones es la pérdida de los derechos políticos, en la praxis de lo electoral, de quienes se marchan: casi todo aquel que se va termina siendo un voto opositor menos contra el régimen de Maduro. El Registro Electoral de venezolanos en el exterior apenas fue superior a 100 mil personas en el listado oficial del CNE publicado en febrero de 2018, una aberración muy complicada de corregir, sobre todo cuando la mayoría de las autoridades del ente comicial están abiertamente alineadas con el oficialismo.
Resulta espeluznante constatar, y aquí están las estadísticas, que existan mayor número de solicitudes de asilo ante Acnur (133.574) que venezolanos con derecho al voto desde el exterior. ¿Podrán los grupos opositores garantizar de alguna manera la participación política de los millones de venezolanos que han abandonado el país? ¿Qué medidas concretas podrían ejecutarse para presionar al CNE para que sincere y modifique el padrón electoral de venezolanos en el exterior? ¿Podrá el Frente Amplio canalizar en votos el descontento de los compatriotas que abandonaron el país?
