Marino Alvarado: Gobierno utiliza al covid-19 como excusa para aumentar la represión
Alvarado esperaba que durante la gestión del defensor Alfredo Ruiz y el fiscal Tarek William Saab se denunciaran las violaciones a los derechos humanos, pues ambos tenían años luchando en contra de las arbitrariedades de la justicia, mas admite que sólo ha existido silencio
Marino Alvarado, director de la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), aseguró que el gobierno está utilizando al coronavirus como una excusa para incrementar el control social y también la represión.
El activista consideró que sí deben tomarse medidas excepcionales para evitar que más personas se contagien de covid-19, mas cree que la forma en la que se castiga a los ciudadanos que no las cumplen no son las correctas. Cree que quien contrarie la norma establecida debe ser reorientado, pero no detenido, pues «eso no es un delito, y si no lo has cometido, no tienes por qué ser detenido.»
Alvarado señaló también que a quienes estaban deteniendo los juntaban en un mismo espacio muy reducido y con muchas otras personas, hecho que aumenta la posibilidad de que alguno resulte infectado del virus. Dio un ejemplo de la policía de Lara, en donde ponían a los oriundos de ese estado a hacer ejercicios forzados y los humillaban porque no tenían el tapabocas.
Asimismo, dijo que la atención que se le estaba dando a los venezolanos en los centros de salud o en los lugares a los que estaban siendo llevados no eran la adecuada y que por esto muchos se estaban absteniendo de llamar cuando tenían síntomas parecidos a los del coronavirus, algo que a su juicio hace que el reporte que hace el gobierno sobre los casos de coronavirus sea menos efectivo
«Está bien que acondiciones lugares para que las personas puedan ser aisladas, pero el gobierno tiene que garantizar la mejor atención porque los afectados no van a querer ser atendidos por los médicos del sector publico porque no quieren que se les lleve a ningún lugar donde hay mayor posibilidad de que se pueda expandir el coronavirus», explicó Alvarado.
Destacó que en dos semanas pudiese empezar a registrarse los 1000 casos diarios, como gremios de trabajadores de la salud ya lo habían advertido antes. Indicó que era urgente que todo el personal de los hospitales tuviesen las condiciones y material necesario para atender a los pacientes y evitar que aumentara la cantidad de médicos que fallecen.
Por otro lado, durante una entrevista con Vladimir Villegas en «Vladimir a la carta», el coordinador de investigación de Provea señaló que las ejecuciones extrajudiciales son una política de Estado aupada desde «el alto gobierno», y que además cobran mayor fuerza cuando desde los entes judiciales se les ignora por completo.
El activista confesó que esperaba que el defensor del pueblo Alfredo Ruiz y el fiscal general Tarek William Saab tuvieran un papel activo en lo que respecta al denunciar la violencia en Venezuela. Sin embargo, reconoció que durante sus gestiones sólo han existido silencio y vagas investigaciones.
«Bueno, en lo personal, yo tenía mucha confianza en Alfredo Ruiz en la defensoría del pueblo, conozco a Alfredo desde hace muchos años. Estuvo por más de 30 años denunciando las ejecuciones extrajudiciales, pero ha sido frustrante su silencio, que lo que genera es muerte,» sentenció Alvarado.
En ese sentido, dijo también que los entes venezolanos sí son efectivos para detener a disidentes, o para investigar casos en los que las víctimas son funcionarios del gobierno,» que el común de la gente le llama enchufados», pero que no trabajan con la misma rapidez cuando de dirigentes de oposición o personas de sectores populares se trata. «La justicia es parcializada», indicó.
Marino recordó que en 2019 se le atribuyó a la Fuerzas de Acción Especiales (FAES) el mayor número de ejecuciones que ocurrieron en ese año en el país y lamentó que ahora se hablaba de una violencia institucional contra los más pobres de Venezuela, porque era «una revictimización. No solo tienen que soportar la violencia de la delincuencia (los que viven en los barrios), sino de los cuerpos policiales, que asesinan a personas dentro de las casas. De las miles de ejecuciones que hubo el año pasado, buena parte de ellas fueron en casas.»
Alvarado repudió que durante los allanamientos, los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado se llevasen hasta los juguetes de los niños que han estado en las casas a las que han ido o que amenacen al resto de los familiares con volver por el resto de los integrantes del núcleo familiar si llegan a poner una denuncia. «Es lamentable que esas dos personas hayan permitido que se llegara a estos niveles y haya tanta delincuencia», expresó en referencia al defensor y fiscal de la administración de Nicolás Maduro.
