¿Quiénes son los responsables de persecución y graves violaciones de DDHH en Venezuela?
La Misión de la ONU indica que altos funcionarios del gobierno, incluidos desde el mismo Nicolás Maduro, Tarek William Saab, Elvis Amoroso y otros, son responsables de persecución y de graves violaciones a DDHH en el país, la igual que organismos de seguridad como la PNB, Guardia Nacional, Sebin y Dgcim
El último informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, presentado este martes 17 de septiembre, responsabiliza a la administración de Nicolás Maduro y a las fuerzas de seguridad del Estado por crímenes de lesa humanidad, incluidos torturas, detenciones arbitrarias y represión sistemática, principalmente contra representantes políticos de la oposición o contra todo ciudadano que critique por algún medio al Gobierno, y resalta que «las violaciones de derechos humanos involucraron a una amplia gama de actores institucionales», pero ¿quiénes son los involucrados en estos delitos?
Mencionan a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluida su nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas; la Guardia Nacional (GN), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), siendo los principales «responsables de las detenciones arbitrarias el marco de las protestas después del 28 de julio», indica el documento.
Asimismo, se indica que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio de 2024, alentaron y dirigieron la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».
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La Misión de la ONU recuerda que previo a los comicios, Maduro advirtió que de perder las presidenciales, habría «un baño de sangre» y una «guerra civil» y después del 28 de julio, durante los primeros días de protestas anunció «máximo castigo» para los manifestantes y dijo que «esta vez no (iba) a haber perdón».
Los representantes de la ONU explican que el actuar de la Guardia Nacional, bajo las órdenes del Ministerio de la Defensa y del ministro Vladimir Padrino López, «fue desplegada para el control de las protestas, tomando en ocasiones un papel protagónico más allá de sus atribuciones constitucionales de fuerza de apoyo en labores de mantenimiento del orden público».
La Misión documentó la participación de la GN en detenciones arbitrarias en las protestas que reclamaban al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publicara desglosados los datos de las elecciones presidenciales y halló que «en ocasiones (actuaron) en connivencia con grupos civiles armados».
También recibió denuncias «que no pudieron ser verificadas con su estándar de prueba sobre la implicación de la Guardia Nacional en muertes durante estas protestas».
La Misión de Determinación, encabezada por Martha Valiñas y los expertos Patricia Tappatá y Francisco Cox, expone la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de los actores judiciales y afirma que «operaron con falta de independencia y sometidos a las injerencias del Ejecutivo» y recuerda que la presidenta del máximo poder, quien también es la presidenta de la Sala Electoral, y dos vicepresidentes fueron militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de Gobierno.
«La misión constató especialmente la existencia de violaciones sistemáticas del debido proceso en los procedimientos iniciados por los tribunales de la jurisdicción especial sobre terrorismo, responsables de la mayor parte de los casos contra lideresas y líderes políticos de la oposición y contra participantes en las protestas postelectorales».
La Misión de Determinación afirma que el fiscal general, designado por la extinta constituyente, «lideró acciones del Estado que condujo a violaciones de derechos humanos, incluidas las detenciones en masa», amparadas bajo la narrativa de la lucha contra un supuesto golpe de Estado.
A juicio de la ONU, «Saab operó como parte de la maquinaría represiva del Gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en este período». Se le responsabiliza como uno de los ejecutores de la represión tras el 28 de julio.
Por otra parte, la Misión de Determinación de la ONU manifiesta preocupación por la inacción y falta de respuesta de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes y de la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público.
Señaló que al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, solo se le observó emitiendo declaraciones para alabar el proceso electoral y para respaldar la decisión del TSJ, pero la ONU constató diversos casos en los que familiares o abogados de personas detenidas o desaparecidas arbitrariamente presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo o ante el Ministerio Público y jamás obtuvieron respuestas y en algunos casos, ni siquiera fueron recibidas.
La Misión encontró la falta de independencia de algunos poderes y el alineamiento con el Ejecutivo «en perjuicio del ejercicio independiente y equilibrador de sus mandatos constitucionales». El panel de expertos de la ONU acusa al presidente del CNE, Elvis Amoroso, «incumplir las medidas básicas de transparencia e integridad» esenciales para unas «elecciones creíbles» y reitera que la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, sigue siendo un instrumento para aprobar leyes restrictivas del espacio cívico y democrático «sin que medie un debate genuino y democrático».
«La misión tiene motivos razonables para creer que los actos y omisiones cometidas por agentes del Estado, tal como se describen en el presente informe, generan su responsabilidad internacional», puntualiza el informe.
