ONU designa a Sofía Macher como presidenta de la Misión de Determinación sobre Venezuela
Sofía Macher Batenero reemplaza a la experta Marta Valiñas en la presidencia de la Misión, creada en 2019 por el Consejo a petición de varios países. La defensora de derechos humanos cuenta con más de 30 años de experiencia en justicia transicional, reparaciones y cuestiones de género
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas designó a la socióloga Sofía Macher Batanero como presidenta de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, establecida para investigar graves violaciones de derechos humanos al menos desde 2014.
Macher Batenero reemplaza a la experta Marta Valiñas en la presidencia de la Misión, creada en 2019 por el Consejo a petición de varios países. La defensora de derechos humanos cuenta con más de 30 años de experiencia en justicia transicional, reparaciones y cuestiones de género.
Se une a los expertos Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina), quienes fueron nombrados en diciembre de 2025.
Con un doctorado y una maestría en Sociología y Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Macher Batanero ha contribuido a iniciativas internacionales con la Organización de los Estados Americanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ONU Mujeres.
También ha desempeñado funciones de liderazgo en comisiones de la verdad en Libia, Yemen, Colombia y las Islas Salomón.
En Perú, la experta ocupó cargos públicos relacionados a la formulación de políticas de memoria y reparaciones, entre ellos como presidenta del Consejo de Reparaciones y comisionada de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
En su actualización más reciente en marzo de 2026, la Misión señaló que la maquinaria represiva del Estado venezolano continúa operativa pese a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Desde entonces, la Misión ha recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el Gobierno actual.
Esto ocurre tras un período de intensa represión entre septiembre y diciembre de 2025, durante el cual la Misión documentó 135 detenciones arbitrarias y un patrón continuado de tortura y malos tratos contra personas detenidas en prisiones, centros de detención y «casas seguras», según la Misión.
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