Libres, no en listas: la presión de la oposición sobre liberaciones de presos políticos
La comisión negociadora de la Asamblea Nacional de 2015 afirma que mantiene la vigilancia para que las 131 excarcelaciones anunciadas el pasado 14 de agosto se concreten, aunque no deja de insistir en que su aspiración es la «liberación plena» de todos los presos políticos. El Programa para la Paz y Convivencia dice que «hay unos acuerdos que lograr» para resolver los «problemas centrales que afectan esa convivencia y la paz que necesita la República»
Los anuncios del Programa para la Paz y la Convivencia –creada por Delcy Rodríguez en enero– sobre la excarcelación de 131 personas detenidas por razones políticas crearon expectativas alrededor de los familiares, pero también sobre los alcances que puede tener la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 que dialoga con la administración Rodríguez.
Si bien los acuerdos firmados el pasado 12 de agosto no están orientados a la liberación de presos políticos, las excarcelaciones fueron anunciadas dos días después. Hasta la semana pasada la delegación opositora mantenía la revisión sobre el anuncio hecho por el Programa y la cantidad real de personas que habían sido liberadas con medidas cautelares. La propia Dinorah Figuera, quien encabeza los diálogos con el oficialismo, ha exigido «claridad» entre lo informado por las autoridades y lo verificado por organizaciones.
En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso. Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para…
— Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) August 16, 2026
Hasta el 21 de agosto, la Plataforma Unitaria había podido verificar 105 excarcelaciones y más de 453 todavía tras las rejas. Asimismo, la coalición de partidos reclamaba por «procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos».
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Justicia, Encuentro y Perdón o el Foro Penal registran un número inferior de hombres y mujeres excarcelados. En el caso de JEP, hasta el 21 de agosto lograron constatar 91 excarcelados, entre ellas 11 personas que no aparecían en sus registros previos como prisioneros políticos.
Jorge Millán, parte de la delegación negociadora de la AN 2015, explicó a TalCual que las listas de detenidos por motivos políticos a las que han tenido acceso son las que han desarrollado los propios familiares, instancias políticas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. «Esa lista las tenemos nosotros, las tiene también nuestros aliados, Estados Unidos, y hay toda una exigencia y presión para que esa lista sea convertida en personas libres y no personas privadas de libertad… Estamos trabajando no solo para que esas liberaciones sean ciertas, porque no estamos hablando de números sino de vidas».
*Lea también: Salir de la cárcel atado a un tribunal: la realidad detrás de las excarcelaciones
Además, indicó Millán, en la conversación siempre ha estado «el elemento de que la libertad sea plena… Nosotros no vemos a los presos como monedas o barajitas de intercambio. En lo individual, son hombres y mujeres que sufren una injusticia y, en general, son una expresión de la falta de libertades para disentir».
Aparte del rol como representantes del diálogo, señala, «se ha establecido una estrategia para que estas liberaciones se produzcan y para ello hemos recibido el apoyo de los aliados que nos acompañan, que son Estados Unidos. Eso ha derivado en este primer paso y estamos convencidos que va a continuar y que nosotros no vamos a descansar hasta que no haya una libertad plena de todos los venezolanos. Es necesario para estas etapas que ha anunciado el secretario Marco Rubio se completen. Además, que sean procesos que no se repitan en el país».
Tal como lo ha aclarado Dinorah Figuera o voceros del oficialismo, el dirigente de Primero Justicia reitera que las actuaciones para lograr la libertad de los presos políticos «no estaban enmarcadas en la mesa de diálogo». Indicó que no puede ofrecer más detalles sobre el asunto, pero reitera que la aspiración es lograr «la liberación plena».
«En su momento daremos detalles, pero ahora lo importante en esta fase de reconciliación debe ser plena y esa también es la aspiración de Estados Unidos, que ha venido haciendo seguimiento el secretario Rubio», dice Millán.
TalCual contactó vía WhatsApp a seis miembros del Programa para la Convivencia, entre ellos su coordinador general, Ernesto Villegas, y su secretaria ejecutiva, Ana María Sanjuan. Solo el arquitecto Feliciano Reyna respondió y se excusó de ofrecer información al no estar dentro del país para el momento de esas conversaciones o excarcelaciones, aunque comentó que espera «que sigan excarcelando a más personas: todas las anunciadas y las que puedan seguir pendientes».
En entrevista con Venezolana de Televisión, la ministra Sanjuan había adelantado que el Programa seguirá trabajando en este sentido. «Todos sabemos que esto es un proceso, sabemos que esto tiene unos pasos que se tienen que seguir, hay unos acuerdos que lograr y que nosotros seguimos trabajando y vamos a acompañar todo el proceso que signifique mejorar el sistema judicial del país para tener una justicia cercana al ciudadano, justa y que resuelva problemas centrales que afectan esa convivencia y la paz que necesita la República para poder avanzar».
Presos políticos y familiares a la espera
Delcy Rodríguez afirmó el pasado 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses del doble terremoto que golpeó La Guaira y otras zonas del país, que 1.046 presos políticos habían sido liberados gracias a la Ley de Amnistía y más de 12.000 han sido beneficiados por medidas judiciales.
Pero diversas ONG han advertido en este y otros procesos de excarcelación o liberaciones que hay una gran brecha entre los anuncios del Ejecutivo y la realidad verificable.
«La explicación del gobierno ha sido que sus cifras abarcan un universo más amplio de personas privadas de libertad y diferentes momentos del proceso. Pero precisamente allí aparece el problema: si el gobierno pretende presentar esas cifras como parte de la liberación de presos políticos, debe publicar las listas completas, individualizadas y verificables de las personas beneficiadas, junto con la resolución judicial correspondiente y las condiciones de su libertad. Sin transparencia, una cifra oficial no puede sustituir a una verificación independiente», ha señalado Alerta Venezuela.
La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, una organización que reúne a familiares, entregaron un documento al Ministerio de Interior, Justicia y Paz donde exigen la publicación del listado oficial con las identidades de las personas que, según las autoridades, han sido excarceladas y se revisen todos los procesos judiciales, pues alegan que hay personas que no son reconocidas como tales y no son tomadas en cuenta en las rondas de excarcelación o la Ley de Amnistía, que ya cesó.
Esos listados «detallados», también ha dicho JEP, deben ser remitidos a mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y estar a disposición de las organizaciones independientes, como un «primer paso para verificar los avances reales en materia de libertades en el país».
Alerta Venezuela también realza el papel de Estados Unidos en el proceso, al imponer un «tutelaje» desde el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. Consideran que las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio son «insuficientes» cuando los anuncios no coinciden con la realidad, por lo que deberían «exigir algo mucho más elemental: transparencia y verificación independiente».
La organización puntualiza que la liberación de presos políticos «es una condición necesaria para la democratización, pero no suficiente. Si una persona sale de la cárcel para permanecer sometida a vigilancia judicial, sin poder salir del país, sin poder participar plenamente en política y con la amenaza de una nueva detención, se evidencia que la transición aún está lejos».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
