Ley de Amnistía: defensores de DDHH exigen claridad sobre su aplicación real
Organizaciones defensoras de DDHH pidieron cifras precisas sobre el número de excarcelaciones, solicitudes declaradas no procedentes, así como de denuncias por retardo u omisión en la aplicación de la ley de Amnistía
Espacio Público, Alerta Venezuela en Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) acudieron este miércoles 15 de abril a la sede del Ministerio Público, en Caracas, para solicitar información oficial sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero.
En el documento que introdujeron ante la Fiscalía General, las organizaciones pidieron el número de boletas de excarcelaciones emitidas y efectivamente ejecutadas a partir de solicitudes de las fiscalías, así como la cantidad de personas bajo medidas cautelares a quienes se les ha aplicado la ley.
También solicitaron el desglose por estado de la cantidad de casos en los que las fiscalías hayan identificado procesos policiales arbitrarios que hayan sido beneficiados por la amnistía, al igual que la información detallada de los centros de detención donde se esté aplicando la ley. Asimismo, demandaron las cifras totales de solicitudes declaradas no procedentes y de denuncias por retardo u omisión en la aplicación de la amnistía.
Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos han denunciado el uso selectivo y discrecional de la Ley de Amnistía. El texto excluye explícitamente a militares y civiles con cargos de conspiración por apoyo a países extranjeros. Asimismo, no contempla beneficios para los procesados por «delitos de odio», acusaciones derivadas de publicaciones críticas en redes sociales o mensajes privados en contra del Gobierno.
De acuerdo con Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, más de 500 presos políticos todavía esperan su liberación. Algunas solicitudes han sido rechazadas sin criterios claros, como el caso de la adolescente Samantha Hernández, detenida por ser hermana de un militar acusado por las autoridades de supuesta traición a la patria.
Igualmente, persisten irregularidades en las liberaciones efectuadas: la activista Martha Lía Grajales, a pesar de haber recibido la amnistía, continúa bajo investigación de la Fiscalía.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
