«Las víctimas no pueden ser tratadas como un elemento accesorio», afirma Comité
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos recordó que, junto a diversas organizaciones, presentaron sus observaciones a la amnistía en dos reuniones, al considerar que el proyecto de ley es excluyente e insuficiente. Asimismo, reiteraron que no es necesaria esta medida para proceder a liberaciones de presos políticos
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció «prácticas» sobre familiares y los propios detenidos que los revictimizan, durante el avance de la consulta pública sobre el proyecto de ley de amnistía –que entraría a segunda discusión este jueves 12– y un «censo» de casos ordenado por el Programa de Convivencia y Paz.
«Una amnistía no puede presentarse como un perdón soberano. Quienes deben rendir cuentas y pedir perdón son los responsables de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución política. Las víctimas no pueden ser tratadas como un elemento accesorio: su participación debe ser real, protagónica y vinculante», señaló el Comité en redes sociales.
Cuestionaron la convocatoria del Programa de Convivencia y Paz para conocer casos de naturaleza política. A su juicio, es una «grave irresponsabilidad del Estado» porque intenta «trasladar a las familias y a las propias víctimas la carga de explicar detenciones arbitrarias que fueron ejecutadas por un sistema de justicia que conoce —o debería conocer— las razones políticas que motivaron dichos encarcelamientos».
Clippve recordó que, junto a diversas organizaciones, presentaron sus observaciones a la amnistía en dos reuniones, al considerar que el proyecto de ley es excluyente e insuficiente. Asimismo, reiteraron que no es necesaria esta medida para proceder a liberaciones de presos políticos.
«La libertad de los presos políticos no es un acto de clemencia, es una obligación del Estado», sentenció la organización.
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Entre las observaciones propuestas al proyecto de ley, el Comité señaló como discriminatorios los límites que establece, pues solo abarca 10 hechos políticos aunque menciona un lapso de aplicación desde 1999; así como una falsa reconciliación al encontrar descalificativos a la protesta y, en general, el ejercicio de derechos como un «extremismo» de un sector de la sociedad.
También señalaron que la amnistía no debe circunscribirse a “delitos políticos o conexos”. Consideran que «genera ambigüedad y deja un margen de interpretación amplio, potenciando decisiones arbitrarias sobre los beneficiarios».
De igual manera, afirmaron que «debe aplicarse bajo el principio in dubio pro reo (en caso de duda por insuficiencia de pruebas), con ejecución inmediata y plazos claros».
Además, plantearon sus críticas al borrado de archivos, la no inclusión de medidas de carácter administrativo (inhabilitaciones políticas), la falta de medidas para la restitución laboral o de bienes y activos, al igual que un mecanismo de verificación que incluya a las organizaciones de víctimas o de derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
