Lapirada, por Teodoro Petkoff
Eduardo Lapi se fugó. Enhorabuena. El jueves pasado iniciamos una serie de reportajes sobre su caso, que continúa hoy con una entrevista que le hizo nuestra compañera Patricia Clarembaux (ver páginas 4 y 5) , y pensábamos dedicar el editorial de hoy a poner de relieve la enorme injusticia y el grosero abuso de poder de que ha sido víctima el ex gobernador de Yaracuy. No imaginábamos que habríamos de escribir sobre un hombre al cual no le quedó más remedio que hacerse justicia por su propia mano. La inhumanidad de su prisión, la violación de todas las normas del debido proceso, la vulneración de los más elementales derechos humanos de Lapi, quien desde hace más de diez meses está preso sin fórmula alguna de juicio, no le dejaron más opción que escapar de sus captores. Muy bien hecho. Nos congratulamos de su valor y de su hazaña.
Eduardo Lapi era un preso del actual gobernador de Yaracuy, carlos giménez, alias “lalo”, quien consignara en su Memoria y Cuenta como un “logro” de su gestión la prisión de su antecesor en el cargo. Este sujeto, “lalo”, que en algunas de las decenas de vallas diseminadas por Yaracuy con su efigie —al lado de la de Yo El Supremo, porque pendejo no es el tipo— se presenta como “profesor” y en otras como “abogado”, provocó la detención de Lapi con base en la acusación de un supuesto guiso en la construcción de la “trinchera” que parte en dos la autopista Centro-Occidental en Yaritagua. La pregunta obvia es que si eso es así, ¿por qué Lapi no ha sido juzgado, y eventualmente condenado, casi un año después de su detención? ¿No será porque de haber juicio se cae la acusación y habría que ponerlo en libertad? ¿No será porque, al revés de lo que sostiene “lalo”, sí hubo licitación para la construcción de la obra y por tanto no hay delito? En todo caso, Eduardo Lapi sólo pedía lo que la ley y la Constitución le garantizan: un juicio. Correspondía a un juez determinar si era culpable o no del delito del cual se le acusaba. Casi un año esperó por ese juicio. Los verdaderos responsables de su fuga son quienes violaron de manera tan zafia todos sus derechos. Era un preso político.
Los trucos obscenos para mantener a Lapi en prisión pasan por ocho audiencias preliminares suspendidas sin razón válida y el ruleteo del caso por seis jueces diferentes. Casi un año después del 30 de mayo de 2006, día de su detención, a las cinco de la mañana, Lapi no había podido hablar ante ningún tribunal y su prisión se fundamenta en cosas tan estúpidas como el argumento del juez de Control número 2 de Yaracuy, quien sostuvo, para no realizar el juicio en libertad, que si bien el imputado “expresa su disposición de seguir en el estado… ¿por qué no ha adquirido un inmueble propio?” Razón, pues, le sobraba para evadirse. Ha sido un acto de coraje y de dignidad.
Para ponerle la guinda a este cóctel de mala fe, de ignorancia, de venganza, un tal Tarek El Aissami, viceministro de algo en Mininterior, rematando la ola de desafueros con una nota grotescamente cínica, ha tenido los riñones de decir que “esta fuga demuestra y deja por sentado sus débiles principios morales y éticos, su cobardía de enfrentar los organismos judiciales” (todo sic y re-sic). ¡Bravo El Aissami! Mejor autorretrato del régimen imposible.
