Laboratorio de Paz: Rodríguez debe entregar lista detallada de presos políticos a la ONU
Laboratorio de Paz señaló que la información prometida por Delcy Rodríguez a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos no debe limitarse a una lista de excarcelados, sino que debe incluir la situación de todos los presos políticos y personas en desaparición forzada por razones políticas
La organización Laboratorio de Paz aseguró este martes 27 que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no debe limitarse a una revisión o petición de la lista de presos excarcelados en las últimas semanas en Venezuela.
La información –prometida por Delcy Rodríguez el pasado 23 de enero– debe incluir la situación de todos los detenidos y personas en desaparición forzada por razones políticas, de forma completa, pública y verificable, señaló la organización en un comunicado, enviado a la Oficina del Alto Comisionado.
«No es compatible con los estándares de derechos humanos validar listas de excarcelaciones de forma privada, reservada ni oculta. La lista de personas excarceladas y las privadas de libertad debe ser pública, detallada, amplia y verificable, con participación de familiares, comités de víctimas y organizaciones», afirmó la oenegé.
Laboratorio de Paz indicó que esa verificación debe contar con un memorando de entendimiento público, así como el retorno pleno de «personal renovado, capacitado y con amplias capacidades operativas». Esas listas, a juicio de la ONG, deben incluir:
- Ubicación real de las personas detenidas.
- Condiciones de salud.
- Requerimientos médicos urgentes.
- Situación jurídica.
- Acceso efectivo a defensa legal.
- Acceso efectivo a sus familiares.
- Verificar que excarcelados son presos políticos.
«Sin esta información, las excarcelaciones y liberaciones seguirán siendo discrecionales, opacas y altamente riesgosas para la vida y la integridad de las personas que permanecen detenidas», destacó la ONG.
Asimismo, advirtieron sobre el posible «uso instrumental» del sistema internacional de protección de derechos humanos.
Laboratorio de Paz indicó que las declaraciones de Delcy Rodríguez y otros funcionarios no obedecen al cumplimiento de la obligación en materia de DDHH, sino a una «estrategia» para «proyectar una imagen de cooperación sin compromisos estructurales verificables».
«Presentar una lista de excarcelaciones como resultado de una supuesta cooperación institucional, relegando al ACNUDH al papel de validador de excarcelaciones aisladas, sin implementar reformas sustantivas, resulta inaceptable y muy riesgoso», reiteró la organización en su carta.
También señalaron el irrespeto a la labor de la sociedad civil, al tiempo que reafirmaron que las excarcelaciones «no sustituyen» la justicia de las víctimas o las obligaciones del Estado para detener las desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias, prevenir las torturas y otros tratos crueles; garantizar el debido proceso; prevenir violaciones de derechos humanos en los centros de detención o cesar las amenazas o coacciones para garantizar las liberaciones bajo cautelares.
Además, hicieron un llamado a la Oficina del Alto Comisionado a no repetir experiencias de cooperación institucional » basada en la opacidad, el silencio y las restricciones operativas» que, afirmaron, han sido «un fracaso» y han «debilitado la protección de las víctimas».
Laboratorio de Paz insistió en que «la protección de los derechos humanos no puede reducirse a actos simbólicos ni a mecanismos de legitimación política», pues mientras persistan las condiciones que derivaron en la persecución política de miles de personas, «persistirá un sistema marcado por la arbitrariedad, la vulnerabilidad y la impunidad».
«La comunidad internacional, el ACNUDH y el Estado venezolano tienen la responsabilidad de priorizar la verdad, la transparencia, la rendición de cuentas y la reparación integral de las víctimas por encima de cualquier cálculo político», sentenció la ONG.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
