Laboratorio de Paz presenta hoja de ruta para una transición democrática con justicia
Este es el primer reporte de Laboratorio de Paz sobre propuestas para la transición democrática basadas en las recomendaciones de los organismos internacionales en DDHH
La organización de derechos humanos Laboratorio de Paz presentó el informe Hoja de Ruta FFM para la Reconstrucción Democrática e Institucional de Venezuela, un documento técnico que sistematiza 142 recomendaciones oficiales formuladas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM) entre 2020 y 2025, y las traduce en un plan secuencial de reformas para una futura transición democrática en el país.
El informe -basado exclusivamente en fuentes oficiales de Naciones Unidas- constituye la primera sistematización pública que ordena dichas recomendaciones en seis ejes estratégicos, justicia y rendición de cuentas, cuerpos de seguridad y control civil, sistema judicial y Ministerio Público, órganos de control; libertades políticas y espacio cívico, y cooperación internacional.
«Este documento no es un programa de gobiemo ni una propuesta partidista. Es una referencia técnica construida desde la sociedad civil para evitar improvisaciones y garantizar que una transición democrática en Venezuela incorpore verdad, justicia y garantías de no repetición desde el primer día», afirma Laboratorio de Paz.
Hallazgos clave del informe
El documento identifica tres conclusiones centrales derivadas de los informes de la FFM:
a) Existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, incluyendo tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política sistemática.
b) Patrones estructurales y sostenidos de represión, con uso de nuevas tecnologías para monitoreo intrusivo, detenciones arbitrarias, incomunicación y un aparato de seguridad que opera sin control civil.
c) Colapso institucional, especialmente del sistema de justicia, cuya erosión ha permitido la impunidad y la continuidad de las violaciones.
La organización señala que las conclusiones reflejan la urgencia de trabajar en una «hoja de ruta de reconstrucción institucional alineada con estándares internacionales».
Resalta que las reformas priorizadas deben darse en los primeros 100 dias al primer ciclo institucional.
El informe organiza la transición, según las recomendaciones de la FFM) en tres horizontes temporales, con medidas escalonadas:
Primeros 100 días: frenar el daño
- Liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente.
- Suspensión de mandos y agentes investigados de la DAET/PNB y auditorias a Sebin y Dgcim
- Acceso irrestricto a todas las instalaciones de detención para ACNUDH, CIDH y mecanismos de la ONU
- Cese del uso de leyes como la «Ley contra el Odio» para perseguir disidentes.
- Garantías mínimas de independencia judicial y distribución aleatoria de causas.
Entre los primeros pasos normativos urgentes, la oengé destaca la ratificación de la Convención contra las Desapariciones Forzadas y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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Primer año: reconstruir capacidades institucionales
- Desmontaje definitivo de la DAET y creación de nueva estructura policial bajo control civil.
- Depuración, profesionalización y trazabilidad operativa (registros y cámaras corporales).
- Reforma profunda del sistema judicial y del Ministerio Público.
- Instalación de una Comisión de la Verdad y una Unidad Especial de Investigación para crímenes graves.
- Reinstalación constitucional de la Asamblea Nacional y fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo conforme a los Principios de Paris.
- Programa nacional de protección a periodistas y defensores.
Años 2-6: reformas de largo aliento y garantías de no repetición
- Tipificación interna de crímenes de lesa humanidad.
- Nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y Ley de Reparación Integral a Víctimas.
- Profesionalización completa de policías y sistema nacional de auditoría y estadísticas públicas.
- Autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
- Agenda nacional de memoria histórica.
- Cooperación estructural y permanente con la CPI y jurisdicciones extranjeras.
Un acompañamiento internacional imprescindible
El informe subraya que la transición democrática «solo será viable con acompañamiento internacional sostenido», tanto por la necesidad técnica de diseñar políticas públicas acordes a estándares internacionales como por la función de generar confianza para víctimas, instituciones y sociedad.
Este acompañamiento debe incluir:
- Asistencia técnica especializada (ONU, ACNUDH, CIDH, Corte IDH).
- Monitoreo independiente con acceso a centros de detención y expedientes.
- Cooperación judicial internacional, mecanismos de seguimiento con metas verificables.
- Participación activa de víctimas y sociedad civil en todas las fases de la transición.
Un llamado a la discusión nacional
Laboratorio de Paz enfatiza que la hoja de ruta es un insumo abierto para el debate entre actores sociales, políticos, académicos e institucionales dentro y fuera de Venezuela.
«En un contexto de opacidad y cierre del espacio civico, este informe busca prevenir improvisaciones y ofrecer claridad técnica. Venezuela ya dispone de un mapa: lo que falta es voluntad y protección para poder recorrerio», concluye la organización.
Este es el primer reporte de Laboratorio de Paz sobre propuestas para la transición democrática basadas en las recomendaciones de los organismos internacionales en DDHH. Los próximos abordarán la hoja de ruta posible derivada de las observaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con información de nota de prensa
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
