Informe | La vulneración de los derechos de adolescentes detenidos es una constante
Cecodap y Una Ventana a la Libertad (UVL) presentaron un informe en el que advierte que continúan las violaciones de los derechos de adolescentes en los calabozos policiales. Según expone el informe, las garantías que más se están vulnerando son la dignidad y separación de personas adultas, maltratos, torturas, faltas de alimentación, de atención médica, traslado y el retardo procesal
Texto: Yeannaly Fermín
Las organizaciones Cecodap y Una Ventana a la Libertad (UVL), denunciaron el martes 30 de abril que persisten las violaciones de los derechos de los adolescentes en centros de detención preventiva.
El informe especial “Patrones de Violación de Derechos de los y las Adolescentes en conflicto con la Ley Penal”, correspondiente a los años 2017 y 2024, reveló que se registraron 58.82% incidencias categorizadas como “vulneraciones de garantías” en los centros de detención que albergan a adolescentes. 11.90% corresponde a incidentes relacionados con fugas, evasiones, motines o protestas y 8% a vulneraciones del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sipra).
Según expone el informe, las garantías que más se están vulnerando son la dignidad y separación de personas adultas, maltratos, torturas, faltas de alimentación, de atención médica, traslado y el retardo procesal.
Esta situación de los adolescentes no solo vulnera las garantías del Sipra, también distintos artículos de la Lopnna y el Código Orgánico Penitenciario.
Según reportó UVL, en un análisis obtenido por notas periodísticas, ha habido un repunte de 27.88% en los últimos seis años en la aparición de centros de detención preventiva pero estos son comisarías policiales o militares.
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Garantías vulneradas a los adolescentes
El informe detalla que de las 13 garantías que ofrece la Lopnna (dignidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, información, derecho a ser oído u oída, juicio educativo, defensa, confidencialidad, debido proceso, única persecución, excepcionalidad de la privación de libertad, separación de personas adultas y proceso a indígenas), nueve de ellas están en jaque.
Cecodap y UVL ratificaron que los adolescentes detenidos ponen en riesgo su vida para exigir cumplimiento de sus derechos.
En un desglose de datos, el panorama de incidentes reportados en la categoría “adolescentes protagonistas” (40,2%) arrojó que las situaciones de fuga (67,8%), recaptura (16,9%), protestas (6,8%) o motín (8,5%), englobados en la categoría “adolescentes protagonistas”, son las más comunes.
Otros datos relevantes es que la mayoría de los motines registrados provocados por adolescentes involucraron incendios, mientras que en los tres casos de protestas que se contabilizaron se reportó que hubo la necesidad de trasladar a los heridos a centros de asistencia médica por autolesiones o por síntomas de deshidratación.
Según datos del informe de la Defensoría del Pueblo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2015, el robo era el delito que más cometían los adolescentes. Sin embargo, un dato más actualizado, pero parcial, producto del resultado del monitoreo de medios que realiza Cecodap desde 2020, identificó que tanto homicidio como hurto encabezan la lista de delitos más cometidos por adolescentes.
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“Urge información pública”
Las organizaciones explicaron que de un total de 104 notas periodísticas analizadas de 19 estados del país, los estados con mayor cantidad de incidentes relacionados a adolescentes en conflicto con la ley penal son Nueva Esparta y Carabobo (16,35%, cada uno). A estas entidades le siguen: Lara (12.50%), Miranda (10.58%), Falcón (4.81%) y Distrito Capital (3.85%).
Sin embargo, Cecodap y UVL denunciaron que la situación actual de adolescentes detenidos dista mucho del marco legal que establece el Sipra que busca principalmente “la protección integral del o la adolescente en conflicto con la ley penal y su incorporación progresiva a la ciudadanía”.
Los investigadores enfatizaron que solo seis de los integrantes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente ofrece información parcial y solo cinco de ellos tiene informes de gestión públicos. La data oficial con información pormenorizada más actualizada es de 2016.
“Los organismos que conforman el SIPRA deben generar diagnósticos exhaustivos, políticas públicas monitoreables y efectivas; así como acciones articuladas para atender a la población de adolescentes en conflicto con la ley penal”, enfatizaron.
A la falta de información se suma que las familias venezolanas que se enfrentan a la detención de un adolescente no cuentan con la formación o capacitación para hacerle frente a las vulneraciones del Sipra.
En el análisis, ambas organizaciones evidenciaron “un profundo desconocimiento” sobre el funcionamiento del Sipra y que no existe asesoría legal para que las familias conozcan los deberes y derechos cuando se presente una situación irregular.
