La primera víctima del Corolario Trump: Venezuela, por María Isabel Puerta
El triunfo electoral de Donald Trump para un segundo período no consecutivo fue visto por venezolanos —dentro y fuera de EEUU— como la última oportunidad de lograr una transición política en Venezuela. La esperanza de millones de venezolanos de volver a la democracia en Venezuela, una vez más, fue puesta en manos del presidente estadounidense. Sin embargo, Trump tenía otros planes.
La conquista del voto hispano en el sur de la Florida ya no es una prioridad para el Partido Republicano. En la campaña electoral de 2024, después de haber sido utilizados como proxy del bloque cubano-americano en 2020, los venezolanos se convirtieron en blanco de ataques continuos en el contexto del mensaje antiinmigración de la campaña electoral de Trump. En un estado que es ficha segura del Partido Republicano, la criminalización de los inmigrantes venezolanos, lejos de provocar rechazo en las diásporas cubanas y venezolanas, encontró amplio respaldo.
Entre las primeras medidas de la nueva administración de Trump estuvo la emisión de una serie de órdenes ejecutivas para frenar la inmigración irregular. Una de las comunidades migrantes más afectadas por esta decisión fue la venezolana, con la designación del Tren de Aragua como organización terrorista, pues basta con la nacionalidad para criminalizar al gentilicio en EEUU
En este contexto se produjo uno de los episodios más controvertidos de la lucha política por la democracia venezolana. El liderazgo opositor venezolano, luego del fraude electoral del año 2024, apostó por una intervención militar de EEUU como el único recurso para deponer a Nicolás Maduro, tras la fallida contienda electoral. A pesar de la ilegitimidad del régimen político de Nicolás Maduro, el abrumador respaldo al candidato opositor, Edmundo González, no fue suficiente para obligar a Maduro a reconocer su derrota.
En este escenario, la líder del movimiento opositor, María Corina Machado, no solo respaldó la narrativa oficial que criminaliza a los venezolanos en EEUU, al insistir en el rol de Nicolás Maduro como supuesto líder del Tren de Aragua, sino que además validó falsedades como la manipulación de la elección presidencial de Joe Biden en 2020, en un vano intento de lograr el apoyo de la administración Trump a sus llamados a la intervención en Venezuela.
Si bien el escenario de una intervención militar parecía lejos de ser inminente, el inicio de una serie de ataques contra pequeñas embarcaciones, primero en el Caribe y luego en el Pacífico, cambió la percepción sobre las intenciones reales de la Casa Blanca. La estrategia apuntaba a la lucha contra el narcotráfico, bajo el argumento de la responsabilidad del líder de facto de Venezuela en el tráfico de drogas. Aun cuando se aludió al fentanilo, sustancia de la que Venezuela no es un país de tránsito, la administración de Trump insistió en que se trataba de la lucha antidrogas, contando con el respaldo de María Corina Machado, quien reiteradamente ha acusado a Nicolás Maduro de estar involucrado en el negocio de drogas.
Luego de 28 ataques a embarcaciones, con más de 110 fallecidos, el presidente Trump elevó la amenaza contra el régimen de Maduro al confiscar buques petroleros que transportaban crudo venezolano. Aun cuando la Casa Blanca rechazaba la noción de un interés en el cambio de régimen, la realidad apuntaba justamente a una estrategia agresiva orientada a provocar la salida de Maduro del poder mediante la asfixia financiera, que los sectores dominantes de la oposición respaldaban públicamente.
Luego de una primera incursión en el territorio venezolano, algo que Trump había asomado en reiteradas ocasiones, el liderazgo opositor se mostró optimista sobre el futuro democrático del país. La captura de Nicolás Maduro, junto a Cilia Flores, en la madrugada del 3 de enero, inicialmente causó sorpresa y luego dio paso a una efímera euforia dada la incertidumbre sobre el destino inmediato del país.
En su lobby por una política más agresiva hacia el régimen de Maduro, María Corina Machado insistió en la debilidad del gobierno y en el supuesto respaldo del 80% de la Fuerza Armada a una salida democrática. Sin embargo, a pocos días de la operación de extracción militar en Venezuela, tal parece que no fue solo a Maduro a quien decapitaron.
La decisión del gobierno de Trump de descartar a la oposición, en concreto a Machado, ha sido devastadora para las aspiraciones de una transición democrática en el país.
Los argumentos esgrimidos por el secretario de Estado, Marco Rubio, señalan que la debilidad opositora no se limita a la falta de influencia en el sector militar. Rubio enfatizó que la ausencia del liderazgo opositor en Venezuela no garantizaba una transición ordenada en manos de Machado, pese a su indiscutible liderazgo. Para Rubio, el problema es que el interés de EE.UU. está orientado a lograr la estabilización del país y la falta de cohesión opositora supone un riesgo para esos planes.
Sin embargo, más allá del pragmatismo en el que está anclada la justificación oficial, la decisión de aceptar momentáneamente a Delcy Rodríguez para encargarse de la transición refleja la postura descrita en el Corolario Trump a la Doctrina Monroe. Se trata de intereses geopolíticos, pero, sobre todo, de una demostración explícita de quién ejerce el poder en la región. Más allá de los cuestionamientos sobre la legalidad de la operación militar para sacar del país a Maduro y Flores (sobre lo que hay un debate entre expertos jurídicos en EEUU), está el hecho de que esta fue la acción que la oposición venezolana clamaba para poder recuperar el país.
El resultado preliminar no puede ser más decepcionante, especialmente para Machado, quien ha sido apartada, de manera poco diplomática, de su tan ansiado momento protagónico. La decisión del presidente Trump de aceptar la transitoriedad de Rodríguez, algo que pudiera parecer entrar en conflicto desde el punto de vista ideológico, en realidad debería verse como la conveniencia de contar con una operadora política de comprobadas habilidades técnicas. Rodríguez se ganó reconocimiento, incluso fuera del sector socialista, por su manejo de la crisis económica mediante sus políticas de liberalización tras la imposición de las sanciones petroleras.
En un escenario en el que el presidente Trump ha dejado claro que su interés está en el negocio petrolero, tiene sentido que la prioridad sea entonces entenderse con alguien como Rodríguez, quien ha manejado la industria petrolera en Venezuela. Esto cobra mucha más relevancia ante las amenazas contra Cuba por parte de Trump, cuyo secretario de Estado, además, ha hecho carrera prometiendo la caída del régimen de La Habana. De confirmarse las especulaciones sobre el agotamiento de la relación entre Venezuela y Cuba, que apuntan a la insatisfacción de Rodríguez con el régimen, se suma a la carga el suministro petrolero a la Isla para Venezuela, insostenible en esta coyuntura económica.
Al juntar todas las fichas del tablero, uno podría interpretar que la salida de Maduro, no la caída del chavismo, fue el objetivo inicial de una estrategia más amplia cuyo propósito último es la implosión del régimen de La Habana. Durante años, se ha venido argumentando que para derrocar al castrismo era necesario el quiebre del régimen chavista.
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Luego de la salida de Maduro y del casi absoluto bloqueo marítimo-petrolero, Cuba se encuentra asfixiada financieramente, bajo la incertidumbre del derrotero en Venezuela y con la desconfianza del gobierno de facto venezolano tras las fallas del equipo de seguridad cubano encargado de la protección de Maduro.
Si se trató solamente de remover a Maduro, o si el quiebre de Cuba estuvo siempre en el cálculo, al momento de este análisis, lo que resulta claro es que se decapitó la cabeza del régimen político y del liderazgo opositor, y ahora hay un reacomodo político que no responde a las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, sino que se ajusta a lo expresado en el Corolario Trump sobre la estabilidad geopolítica de la región.
Maria I. Puerta Riera es profesora visitante de Ciencia Política en el Valencia College (Orlando, Florida). Doctora en Ciencias Sociales, por la Universidad de Carabobo (Venezuela). Secretaria de la Sección de Estudios Venezolanos de Latin American Studies Association (LASA).
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