La moral de los cínicos por Xabier Coscojuela
Los alcahuetes de la corrupción revolucionaria protagonizaron, el pasado martes, un debate en la Asamblea Nacional, de esos que dan pena ajena. Ver a la fracción del PSUV rasgarse las vestiduras para condenar la corrupción era el colmo del cinismo.
Escuchar los argumentos de los diputados rojos rojitos para pedir la investigación daba nauseas. El desparpajo con que acusaban al diputado Juan Carlos Caldera y a toda la oposición fue directamente proporcional a la impunidad con la que le han permitido a sus camaradas hacer del tesoro público su patrimonio personal.
Esos parlamentarios son los mismos que se han hecho los locos, que han amparado, que han respaldado con su omisión a los actores más importantes de la corrupción bolivariana. Desde donde acusó a militares de muy alto rango de estar en su nómina, de conocer buena parte de sus negocios y participar en ellos.
Por cierto, tampoco quisieron verificar si era cierto lo que dijo el presunto narcotraficante en relación a que había varios parlamentarios del PSUV en su nómina.
Aponte Aponte fue nombrado por esos parlamentarios para que ocupara un lugar como Magistrado en el TSJ. Desde allí lo que hizo fue impartir injusticia siguiendo las órdenes de Chacumbele, según afirmó en carta que suscribió en Costa Rica, se trasladó luego a Estados Unidos donde los agentes del imperio lo tienen a buen recaudo, y hasta donde llegó para salvar su vida después de lo ocurrido al exgobernador de Apure Jesús Aguilarte, hecho que tampoco quiere ser investigado por los rojitos.
En la refinería de Amuay ocurrió una explosión con saldo de casi 50 muertos, varias decenas de heridos y grandes daños materiales, pero los diputados chavistas no consideraron necesario abrir una investigación, mucho menos interpelar al jefe de Pdvsa pues ellos no son capaces de tocar a ningún miembro del tren ministerial ni con el pétalo de una rosa, a menos que reciban permiso de Esteban, lo que no ha ocurrido.
Francisco Illaramendi hizo negocios en el imperio con parte de los recursos que manejaba el fondo de pensiones de Pdvsa, 500 millones de dólares. Los reales se perdieron, siendo ésta una irregularidad que también toca a Rafael Ramírez, y que, por supuesto, no fue objeto de la atención de los diputados del PSUV. Pedro Morejón fue ministro y desapareció del país llevándose el botín del Instituto Nacional de Hipódromos, pero en el PSUV ya ni quieren recordar que también se sentaba con ellos en la bancada de la AN.
En el referido debate, el presidente del Parlamento apenas intervino. Tal vez recordaba que las denuncias contra su gestión en la gobernación de Miranda están engavetadas en la Fiscalía General de la República. Soltó una frase muy original, nunca escuchada en el país, «llegaremos con esta investigación hasta las últimas consecuencias». Deberían hacerlo, para saber quién le dio el dinero a Juan Carlos Caldera, pues todo apunta a que el financista es uno de los integrantes de la boliburguesía, gente muy conocida por Cabello.
