La economía de Trinidad en riesgo por las políticas contra migrantes venezolanos
Bajo el programa de regularización de migrantes de Trinidad y Tobago de 2019, se otorgaron permisos temporales a 16.523 adultos y 2.400 niños venezolanos para vivir y trabajar legalmente en el país. Inicialmente válidos por un año, los permisos se prorrogaban anualmente, hasta ahora
El agricultor Marlon Mahabir no se imagina su negocio sin los migrantes venezolanos. Con la drástica reducción de permisos de trabajo impuesta por el Gobierno de Trinidad, a raíz de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, numerosos empresarios auguran un duro golpe para la economía del país.
«Estos migrantes son honestos y trabajadores. Tengo doce venezolanos en mis campos que han contribuido al crecimiento de mi finca. Deportarlos les perjudicaría no solo a ellos, sino también a nuestra economía», asegura a la agencia EFE Mahabir.
Uno de sus empleados es Luis Paladino, de 29 años, quien dejó a su familia en Venezuela hace siete años y trabaja los siete días de la semana, pero optando por la discreción y pasando noches en vela debido a las amenazas de deportación masiva.
Los permisos de los migrantes registrados vencen el 31 de diciembre de 2025, y el Gobierno trinitense de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar planea renovar solo 727 de las 4.237 solicitudes.
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Esta decisión, junto a la orden de deportación masiva de extranjeros indocumentados, coincide con una escalada de la crisis entre Trinidad y Venezuela por el apoyo de Puerto España al despliegue militar estadounidense en el Caribe.
También considera indispensables para su compañía a los migrantes el empresario Ashmir Mohammed, quien administra varios restaurantes, hoteles y bares atendidos exclusivamente por venezolanos.
«Confío plenamente en ellos. Abren y cierran mis establecimientos, se encargan de la contabilidad e incluso manejan el efectivo», cuenta Mohammed.
«Se han convertido en parte de mi familia. Si los deportan, tendré que cerrar algunos de mis negocios porque sé que no será fácil encontrar a alguien local que ocupe esos puestos», lamenta.
Una de sus empleadas es Andreina Pérez, quien dejó atrás una carrera profesional en Venezuela como contadora y en Trinidad administra un bar propiedad de Mohammed. «Vinimos aquí a trabajar duro y vivir con dignidad. Solo queremos la oportunidad de quedarnos y contribuir».
Para Pérez, como para miles de migrantes en Trinidad y Tobago, el temor por la falta de permisos se ha convertido en parte de su día a día: una incertidumbre silenciosa y persistente que se intensifica con cada sirena policial.
Más con las tensiones bilaterales, que no dejan de crecer. Esta semana, la Marina de Guerra de Estados Unidos se encuentra en la isla para realizar ejercicios militares con la Fuerza de Defensa Trinitense.
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Según Jerome Teelucksingh, profesor de historia de la Universidad de las Indias Occidentales, los migrantes han hecho una contribución notable a la economía de Trinidad y Tobago, cubriendo la escasez de mano de obra en restaurantes, salones de belleza y tiendas, trabajando como camareros, guardias de seguridad, cajeros y dependientes.
No obstante, Teelucksingh señala que el reclutamiento de migrantes para la prostitución y el baile erótico en clubes nocturnos y burdeles ha derivado en explotación en algunos casos, mientras que una pequeña minoría se ha visto involucrada en actividades delictivas.
Bajo el programa de regularización de migrantes de Trinidad y Tobago de 2019, se otorgaron permisos temporales a 16.523 adultos y 2.400 niños venezolanos para vivir y trabajar legalmente en el país. Inicialmente válidos por un año, los permisos se prorrogaban anualmente, hasta ahora.
El abogado de derechos humanos Subhas Panday señala que el Gobierno tiene una obligación moral y legal con los migrantes a quienes acogió en el pasado. «El Estado los alentó a registrarse en 2019. Ahora no puede darles la espalda. Los migrantes contribuyen a la fuerza laboral, pagan alquiler y ayudan a sostener pequeños negocios».
En opinión del abogado, encarcelar a los migrantes venezolanos por tener permisos de trabajo vencidos constituye una violación de los derechos humanos.
Con información de agencia EFE
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