La amnistía aún no llega a todos: filas, planillas y dudas entre familiares en tribunales
Las autoridades reportan 8.110 solicitudes de amnistía y 4.757 libertades plenas, pero en el Palacio de Justicia familiares denuncian un proceso lento y engorroso. Sin stand fijo de Defensa Pública y con obstáculos para juramentar abogados privados, la amnistía avanza en el Palacio de Justicia entre filas e incertidumbre
Filas largas, carpetas con documentos y dudas acompañaban a los familiares de quienes acudieron el pasado jueves 26 de febrero al Palacio de Justicia, en Caracas, en busca de amnistía para sus familiares que permanecen detenidos por motivos políticos.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada el 19 de febrero y las autoridades nacionales hablan de reconciliación y perdón para avanzar en el futuro del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que el proceso para acogerse a la norma es acudir a los tribunales, donde se verificará el cumplimiento de los requisitos en un plazo máximo de 15 días; sin embargo, el trámite, en la práctica, no es tan expedito.
Las cifras oficiales hablan de miles de beneficiados, pero en las afueras del Palacio de Justicia, al menos el 26 de este mes, no se instaló el stand de la Defensa Pública para recibir documentos y agilizar el proceso. Funcionarios del organismo dijeron a TalCual que desconocían por qué no se habían establecido: su función es recoger los datos de las personas, revisar los expedientes y confirmar si pueden o no aplicar a la amnistía.
En los alrededores había dos colas, separadas por género y para cualquier caso —común o político— para poder ingresar a los tribunales y exponer los casos.
La Ley establece que la solicitud de amnistía debe activarse por parte del afectado, de sus familiares, la defensa pública o la Fiscalía, pero en la realidad, la carga recae principalmente en familias desesperadas.
Amnistía para el caso Cotiza
El abogado Reinaldo Sarmiento acudió al Palacio de Justicia para introducir, junto a otros dos colegas, solicitudes de amnistía para nueve de los 24 militares condenados por el caso Cotiza, quienes no están acusados de rebelión militar, delito que sí está excluido.
«Fueron condenados en 2023 a siete años y nueve meses de cárcel», explicó el abogado y dijo que aunque el Foro Penal apeló esa decisión fue negada en la Corte Marcial. Agregó que tras llevar el caso a la Sala de Casación Penal al identificarse errores en el caso, este volvió a la fase preliminar; desde entonces, el expediente reposa en el Tribunal Segundo de Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas desde 2024, «sin que se haya celebrado la audiencia preliminar correspondiente».
Sarmiento aseguró que estos nueves militares pueden acogerse a la Ley de Amnistía porque sus casos están amparados en el artículo 8 de la norma, donde se detalla quiénes pueden recibir el perdón. «No entran en las restricciones», enfatizó el abogado.
Todos los militares acusados por el levantamiento militar de Cotiza, ocurrido el 21 de enero de 2019, en un Comando de la Guardia Nacional (GN) de Caracas, están detenidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), mejor conocido como la Cárcel de Ramo Verde.
Los defensores de estos nueve militares acudirán nuevamente al Palacio de Justicia más o menos el 15 de marzo para verificar si la solicitud fue admitida.
Por su parte, el político Américo de Grazia, quien estuvo detenido por más de un año en El Helicoide, acudió personalmente a solicitar su amnistía, pues tras seis meses de su excarcelación no ha podido tener acceso a su expediente.
«No tengo acceso al expediente, no me permiten abogado privado y ni tengo el teléfono de mi defensor público», expuso de Grazia y agregó que acudió por iniciativa propia a pedir su amnistía: «De otorgarme la amnistía, sería la tercera vez que me amnistían».
En este sentido, el exdiputado confesó que no tiene confianza en el organismo, pero insistió en que se deben cumplir los pasos para restablecer el orden en el país.
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Explosivos en Plaza Venezuela y Mibiturven
Sandra Rosales acudió a consignar documentos al defensor público 68, esta semana era su cuarta vez visitando los tribunales para llevar todo lo solicitado: copias de cédula, constancias de trabajo, credenciales de funcionario policial, referencias personales, «para pedir la amnistía».
Explicó que quienes han salido de las cárceles por el caso de los explosivos en Plaza Venezuela han recibido libertad plena, pero afirmó que otros pueden recibir medidas cautelares y quedarían «excluidos de la Ley de Amnistía».
En otro incidente, 29 personas permanecen detenidas por el caso de la empresa minera mixta Minería Binacional Turquía-Venezuela (Mibiturven), quienes están acusados de delitos relacionados con protestas laborales contra abusos de la empresa y militares en 2022. Indicaron que eran 31 los apresados, pero que uno fue excarcelado y otro falleció en prisión.
Sandra Rosales, familiar de preso político
El familiar de Yuli Sánchez está recluido en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda, por el caso Mibiturven. «Él puede beneficiarse de la Ley de Amnistía porque es inocente, cuando lo aprehendieron estaba en su área de trabajo, entraron arbitrariamente funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se lo llevaron sin orden judicial». Esa detención ocurrió el 1 de abril de 2025.
«Quiero que salgan libres los 29 del caso Mibiturven. En libertad plena», solicitó Sánchez a las autoridades y aseguró que a estas personas les violaron todos sus derechos.
Todos los testimonios de quienes acudieron al Palacio de Justicia el pasado 26 de febrero tienen en común un mismo obstáculo: imposibilidad de juramentar defensa privada. Los familiares aseveraron que aunque han intentado designar abogados particulares, no han tenido éxito.
Proceso engorroso y dificultades
Liomary Espina, coordinadora de Vente Venezuela en el municipio Caroní, del estado Bolívar, acudió al Palacio de Justicia por segunda vez esta semana en busca de su amnistía, tras haber sido excarcelada el pasado 8 de febrero.
Detalló que acudió el 23 de este mes a los tribunales, pero afirmó que no atendieron todos los casos: «Estoy aquí para plegarme a la Ley de Amnistía».
«El proceso ha sido engorroso. A la gente se le difiere la comparecencia, vienen a verificar y no pueden contactar al defensor», relató.
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó el viernes 27 de febrero que se habían recibido 8.110 solicitudes.
Según su balance:
- 223 personas privadas de libertad fueron beneficiadas.
- 4.534 personas con medidas cautelares en libertad recibieron el beneficio.
- Total anunciado de libertades plenas: 4.757.
El abogado de Provea Marino Alvarado reconoció como positivo que la Ley de Amnistía esté generando libertades plenas y no simples excarcelaciones. Sin embargo, advirtió que su implementación está siendo lenta y burocrática.
Alvarado calificó el procedimiento como «engorroso» y exhortó a la coordinación del circuito judicial penal de Caracas a establecer un mecanismo más expedito, especialmente para que la Defensa Pública introduzca con mayor celeridad los escritos correspondientes.
Marino Alvarado señaló que, aunque se habilitó una taquilla en la mezanina para consignar solicitudes, el proceso no ha sido suficientemente claro ni ágil. «No se ha explicado suficientemente quiénes son los beneficiarios», dijo, al tiempo que insistió en que la amnistía debe aplicarse con mayor rapidez y alcance: «Necesitamos que todos, absolutamente todos los presos políticos salgan en libertad», insistió.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
