Juzgado en Madrid inició investigaciones sobre rescate de aerolínea Plus Ultra
La aerolínea Plus Ultra recibió recursos por el orden de los 53 millones de euros para su rescate y reactivación por parte de la SEPI española
El Juzgado de Instrucción número 32 en Madrid, a cargo de la jueza Esperanza Collazos, dio inicio a que se comenzaran las investigaciones respecto al rescate de 53 millones de euros que el Estado español aprobó en pro de la aerolínea Plus Ultra debido a un posible delito de malversación de fondos públicos contra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, y el consejo que aprobó los fondos.
Según el diario ABC, el juzgado madrileño inició las diligencias correspondientes del caso de Plus Ultra porque la jueza Collazos cree que los hechos podrían ser parte de una «posible infracción penal» y la investigación se enfila contra Lora, quien es actualmente el vicepresidente de SEPI, y el consejo que participó en el consenso de estos recursos, aunque por ahora solo se han acordado citaciones y traslados a los señalados.
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Por otro lado, la Fiscalía de España solicitó a SEPI el expediente completo sobre el caso de Plus Ultra que derivó en la inyección de dinero para su recuperación. El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, conocido solo como Manos Limpias, había ya interpuesto en días pasados una primera denuncia sobre el rescate a Plus Ultra -sobreseída luego- en el que se centraba en las pérdidas que estaba dando y la poca actividad. Ahora la amplió para incluir al presidente de esa aerolínea ligada al chavismo, Fernando García Manso, y los accionistas.
Esta segunda ofensiva es la que ha desencadenado la apertura de la causa y en ella, la organización sumaba más indicios y señalaba además un delito de corrupción y otro contra el mercado y los consumidores ante lo que califica como un rescate con «una motivación política y no económica».
Tras el rescate aprobado por SEPI, EEUU inició la investigación a dos accionistas venezolanos de Plus Ultra: Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Pedro Antonio Bórquez Tarff, dos empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro que en junio de 2018 entraron en el capital de la compañía y ocupan un asiento en su consejo de administración.
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Posteriormente, la aerolínea se defendió ante las acusaciones sobre presunto lavado de dinero y conductas que intentan instalar un monopolio en el mercado del transporte aéreo español, y en su lugar se autodenominan como una empresa «estratégica» para España.
El razonamiento de la aerolínea se basa en la cantidad de empresas que operan en el mercado de vuelos internacionales en España, pues sostienen que, si desapareciera esta compañía, «se establecería un monopolio en el mercado» al aparecer Iberia-Air Europa, en caso de que se cierre la operación de fusión en marcha, como única empresa que absorvería las rutas que actualmente opera Plus Ultra.
Un informe del gestor aeroportuario de ese país, AENA, reveló que la aerolínea española Plus Ultra solo ha llevado a cabo dos vuelos a Venezuela ida y vuelta en lo que va de 2021 con el único avión que tiene operativo. El medio Vozpópuli refiere que los vuelos se hicieron en enero y marzo de este año.
