Justicia, Encuentro y Perdón advierte que quedan 669 presos políticos pese a amnistía
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón publicó su informe titulado «El balance de la arbitrariedad (2014-2026)», donde señala que, pese a la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026, al menos 689 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos hasta el 16 de marzo
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), con el apoyo de Alerta Venezuela, denunció que el Estado venezolano ha perfeccionado un sistema de control social basado en la arbitrariedad procesal para neutralizar a la disidencia.
En su informe titulado «El balance de la arbitrariedad (2014-2026)», publicado el 20 de marzo, la ONG señala que, pese a la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026, al menos 689 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos hasta el 16 de marzo.
Según el documento, el gobierno aplica una estrategia de “puerta giratoria”, en la que excarcelaciones puntuales buscan aliviar la presión internacional, mientras nuevas detenciones mantienen estable el número de presos políticos.
La investigación sostiene que la Ley de Amnistía funciona como un “instrumento de gestión política” que no corrige las fallas estructurales del sistema judicial. “Mientras existan celdas ocupadas por víctimas de persecución por razones políticas, la libertad será una fachada”, advierten las organizaciones.
Estancamiento de cifras y exclusión de casos
Aunque el primer trimestre de 2026 registró 677 liberaciones verificadas, la cifra total de detenidos no ha disminuido de forma proporcional. JEP atribuye esta “contradicción matemática” al surgimiento de casos de vieja data que no habían sido denunciados por temor a represalias.
De acuerdo con la ONG, el número de presos pasó de 1.011 a principios de enero a 689 en la actualidad, sin reflejar una reducción sostenida.
El informe denuncia además que la amnistía actúa como un “filtro de conveniencia”, al excluir a detenidos de períodos clave, especialmente entre 2018 y 2023, que representan más del 41% de los casos actuales.
Asimismo, cuestiona la falta de transparencia oficial, al señalar que el Ejecutivo habla de miles de beneficiarios sin publicar listas verificables, lo que genera una “falsa sensación de alivio”.
Denuncias de tortura y criminalización de menores
El informe documenta que el 39,76% de los presos políticos ha sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros de reclusión como Ramo Verde y El Rodeo I.
Entre las prácticas denunciadas figuran golpizas, asfixia, privación sensorial, violencia sexual y otras formas de tortura física y psicológica. Los centros con mayor incidencia incluyen Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro y Yare II.
La ONG también alerta sobre la criminalización de menores de edad, con más de un centenar de adolescentes detenidos en condiciones que, según el informe, han llevado a algunos a considerar el suicidio.
En cuanto a la composición de los detenidos, 590 son hombres y 99 mujeres. Estas últimas, señala el informe, enfrentan riesgos diferenciados como amenazas de violencia sexual y humillaciones.
Incumplimiento del marco legal
JEP sostiene que la crisis de los presos políticos podría resolverse mediante la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), sin necesidad de leyes excepcionales.
Según sus cálculos, más de 300 personas deberían ser liberadas de inmediato. Al menos 62 han superado los dos años de prisión preventiva sin sentencia, mientras que otras 52 padecen enfermedades graves o terminales.
El informe también destaca el impacto económico y social en las familias, que deben cubrir alimentos, medicinas y otros insumos básicos, además de enfrentar pagos informales para garantizar condiciones mínimas de reclusión.
“No puede haber paz sin justicia”
La organización concluye que cualquier proceso de pacificación es inviable mientras persistan las violaciones de derechos humanos y la impunidad.
“No puede haber paz sin el vaciado absoluto de todos los centros de detención y procesos genuinos de justicia para las víctimas”, subraya el informe.
Para JEP, la amnistía no puede convertirse en un mecanismo de “amnesia selectiva”, sino en un paso hacia la reparación integral y el restablecimiento del Estado de derecho.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
